El Juzgado de Primera Instancia nº 87 de Madrid ha requerido nuevamente al BBVA para que en el plazo de 20 días hábiles aporte los listados completos de consumidores afectados por los swaps y productos similares, después de comprobarse que los listados entregados el pasado 16 de diciembre son incompletos en casi un tercio de los casos. En la providencia el Juzgado recuerda que en caso de no cumplirse con esa nueva entrega se volverá a ordenar la entrada y registro del BBVA ya que, como se indica expresamente, “el auto de fecha 20 de octubre de 2010 no contempla ninguna condición ni limitación temporal para permitir el acceso de la información a ADICAE”.
La entrega de datos incompletos después de haber expirado los plazos concedidos expresa, según entienden los Servicios Jurídicos de ADICAE, una estrategia dilatoria, y un interés en demorar el procedimiento y retrasar el cumplimiento de lo previsto en el artículo 15 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y lo ordenado por el Juzgado.
La providencia de 20 de diciembre del Juzgado aclara además, en relación al recurso de amparo presentado por BBVA ante el Tribunal Constitucional, que si este Tribunal, en caso de admitir a trámite el recurso, acuerda finalmente la adopción de alguna medida será el momento de comunicarlo al Juzgado. De esta forma rechaza que la mera presentación de un escrito ante el Tribunal Constitucional pueda conllevar la paralización de un procedimiento que, a la vista de la numeración correlativa de contratos que los afectados han entregado hasta el momento a ADICAE, podría afectar a más de 20.000 personas en toda España.
La lamentable reacción del BBVA a una decisión judicial histórica en la defensa de los consumidores y en la aplicación efectiva de las leyes que les protegen expresa una posición de desprecio a los consumidores completamente opuesta a los tan manidos mensajes de marketing del tipo “aprovéchate de tu banco” o “queremos ser tu banco”. Desde luego, no son estas las prácticas que quieren los consumidores de las entidades financieras ni de un sector que, vistos los hechos, no ha sido realmente reformado pero que requiere cambios urgentes.
Esta actitud del BBVA, que pone en duda maliciosamente nada menos que la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha llevado a que el presidente de ADICAE ponga esta circunstancia en conocimiento de la Ministra de Sanidad, Igualdad y Política Social, Dña. Leire Pajín, solicitando el amparo del Ministerio para defender un mecanismo tan fundamental y clave para los consumidores como la acción colectiva, reconocida por todas las instituciones europeas e internacionales y prevista en multitud de legislaciones nacionales.
La entidad presidida por Francisco González ha iniciado en todo caso una estrategia paralela a la judicial, basada en intentar convencer a sus clientes afectados por swaps (especialmente a los de mayor edad) para que firmen un documento redactado por el BBVA en el que se oponen a la cesión de sus datos personales. Esta iniciativa no sólo está abocada al fracaso, sino que como es lógico si existe algún afectado que estime que su swap es un producto adecuado a sus características y que fue contratado con plena información no se incorporará a demanda colectiva alguna. No obstante ADICAE expresa su preocupación por que los métodos empleados por una entidad financiera para defenderse frente a una demanda colectiva incluyan confundir o incluso engañar a determinados clientes.
