El Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero ha decidido ‘meter mano’ en los embargos hipotecarios. La sangrante destrucción de empleo (1’6 millones desde comienzos de 2008) ha puesto a las economías domésticas entre la espada y la pared.
Algo más de 1’2 millones de familias españolas sobreviven como pueden, con todos sus miembros en el paro, y el 60% tienen graves problemas para llegar a final de mes, según un estudio reciente del Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de una situación que repercute en las obligaciones y deudas contraídas, haciendo que afrontarlas sea todavía más difícil.
El año pasado las ejecuciones judiciales de vivienda por impagos hipotecarios ascendieron el 59%, llegándose a los 93.319 embargos ordenados según ha asegurado el Consejo General del Poder Judicial. Ahora el Gobierno se ha dado cuenta de la gravedad de la situación y quiere tratar de paliar esta tendencia aumentando los límites inembargables a la hora de ejecutar forzosamente el pago de la hipoteca en los casos en los que la venta de la vivienda sea insuficiente. El nuevo tope se ha situado en un 110% por encima del salario mínimo interprofesional (es decir, 696 euros al mes) y se incrementa un 20% adicional por cada miembro del núcleo familiar que no tenga ingresos propios regulares, salario o pensión.
Desde ADICAE vemos con recelo este tímido paso adelante del Gobierno, dado que se trata de una medida aislada e insuficiente, sólo para casos concretos y que no aliviará las economías del grueso de las familias españolas.
