El Gobierno, que no ha hecho nada en tres años para los 10 millones de familias hipotecadas en España y mucho menos para el millón de familias que están siendo o pueden ser expulsadas de su vivienda, condenadas a una deuda de por vida y embargadas, parece querer despachar todo este problema con unas medidas cuyo objetivo último es consolidar la leonina legislación hipotecaria española, que sólo favorece a la Banca en sus abusos.
Con estas medidas el Gobierno, con el apoyo del PP y de CiU, de la Asociación Española de Banca, de las principales entidades financieras, del Banco de España y de la ministra Salgado, auténticos valedores de los abusos de la banca y de una legislación injusta y anticuada, está engañando a millones de familias y a la opinión pública española, e incluso a los grupos parlamentarios que las dan por buenas y que dejan a la Subcomisión que ayer comenzó sus trabajos con la comparecencia de ADICAE y otras asociaciones y colectivos como mero debate que si concluye remite sus resoluciones `ad calendas grecas’, es decir, que muy probablemente nunca se cumplirán teniendo en cuenta la situación política por la que atraviesa España.
Elevar la cuantía inembargable que regula el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil hasta 150% del salario mínimo interprofesional es manifiestamente insuficiente e injusto. Y ello porque estamos en el supuesto en el que el consumidor ya ha perdido su vivienda en el procedimiento de embargo y el banco sigue reclamando la deuda. Este es el corazón del problema, un privilegio que no se quiere regular para hacerlo más justo y social, máxime teniendo en cuenta que fueron las entidades las que, a través de tasaciones infladas, concedieron créditos irresponsablemente. Respecto a la adjudicación de la vivienda al banco por el 60% de una arbitraria tasación elegida por las entidades en procedimientos ejecutivos donde no haya postores, es una medida ridícula e insuficiente. El banco puede venderla posteriormente a un “precio de mercado” que siempre será mucho mayor que ese “valor de subasta” y seguir reclamando una cuantiosa deuda de por vida a las víctimas de este sistema.
Como es un clamor en la opinión pública y entre cualquier jurista o economista razonable, la única solución seria e inmediata sería el establecimiento de una moratoria por tres años de los embargos hipotecarios para aquellas personas o familias que pudieran justificar el carácter sobrevenido de este problema, del que son máximamente responsables las entidades financieras, tal y como se ha llevado a cabo con gran éxito y justicia en los Estados Unidos y hasta en países tan pobres como Hungría.
La paralización de los embargos, que no puede demorarse ni un día más tanto desde el punto de vista económico y financiero como de la propia alarma social de esta situación, constituye una medida urgente por lo que ADICAE va a proponer al Movimiento 15M, del que es conocida su gran preocupación por este problema, una movilización general en toda España hasta conseguir el acuerdo parlamentario o del Gobierno para esta moratoria.
