Las prácticas abusivas de las entidades bancarias han afectado a cientos de miles de consumidores. Los créditos hipotecarios han sido protagonistas de la crisis que ha experimentado España en los últimos años y ha evidenciado la urgente necesidad de una nueva Ley Hipotecaria que proteja de forma real a los consumidores. En las próximas semanas el Congreso de los Diputados discutirá el Anteproyecto de Ley XX/2016, que pretende ser la transposición de la Directiva europea 2017/17/UE y representa la esperada renovación de la Ley Hipotecaria española.
Dada la importancia de la cita y el relevante papel de ADICAE como vigilante de los derechos de los consumidores, el presidente de la asociación, Manuel Pardos, ha intervenido en los cursos del Escorial organizados por la Universidad Complutense para tratar la adaptación de la norma europea al derecho español en materia de créditos hipotecarios. Durante su intervención, Pardos ha denunciado la gravedad de que el borrador aún haga mención a las cláusulas suelo a través de la expresión «limitaciones a la baja a la variación del tipo de interés», pese a la multitud de sentencias que ya han decretado su nulidad incluido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en lugar de la completa eliminación del texto.
Durante la mesa redonda de expertos en la que ha intervenido Pardos, se plantearon las diferentes problemáticas que la entidades financieras han provocado en la sociedad. El representante de la asociación ha denunciado que “antes y después de la crisis, lo único que conocían los consumidores acerca de sus hipotecas era la cuota y que lo único que hacía la banca era adaptar los plazos a ese pago, hasta llegar a contratos de 50 años de duración”, al mismo tiempo que ha acusado a las entidades de distorsionar al mercado hipotecario a través de sus prácticas irresponsables y abusivas.
Ante la tesis de otros participantes que han sugerido que una mayor protección de los derechos de los consumidores significaría, a largo plazo, la negativa de los bancos a conceder nuevos créditos y que estos se limitarían a las clases medio-altas, el presidente de la asociación ha sido tajante: “no es correcta esta hipótesis ni va en beneficio de los usuarios privarles de mayores derechos, sino que hace falta una protección efectiva que el Anteproyecto de Ley elaborado por el Gobierno no contempla suficientemente”. También ha añadido al respecto que “ha habido una irresponsabilidad total de la banca en la época de burbuja inmobiliaria y esto ha abocado a los consumidores a una situación desconocida donde lo único que se sabía era la cuota que se iba a pagar”.
Ante los demás argumentos esgrimidos en la sesión tendentes a amedrentar la defensa legítima de los consumidores, Pardos sentenció que “el mercado hipotecario ha causado en torno a un millón de víctimas y hay que llegar a una regulación que no establezca un marco excesivamente proteccionista, pero que sí establezca unas reglas del juego justas”. Su respuesta a la amenaza de algunos de los contertulios de que la protección del usuario significaría el encarecimiento de las hipotecas, el presidente ha zanjado que si sube el importe, deberán hacerlo a precios de mercado y que privar a los consumidores de una adecuada protección no es propio de un estado de derecho.
Otro de los temas controvertidos que surgieron en la intervención fue la consideración, por parte de algunos invitados, de la existencia cláusulas suelo no abusivas, alegando negociación entre las partes. Manuel Pardos rebatió con firmeza estas afirmaciones aclarando que nadie podía prever que el euríbor se fuera a desplomar en índices negativos, pero que “la banca tenía perfecto conocimiento de que el establecimiento de las cláusulas suelo iba a ser en beneficio propio, lo que pone de manifiesto la mala fe de las entidades frente a sus clientes”, sentenció.
Respecto a la situación de la banca advirtió que en un breve plazo de tiempo el mercado financiero se dirigirá a la desaparición de 8 ó 10 entidades financieras y si el consumidor no está debidamente blindado ante nuevos abusos, se repetirán situaciones de alarma económicas como las acaecidas en los últimos años.
Además, Manuel Pardos aprovechó la participación en el debate para afirmar que la responsabilidad universal en ejecuciones hipotecarias es injusta en todos los puntos y que se debería limitar al bien que se hipoteca para así evitar situaciones de sobreendeudamiento. A lo que añadió que la asociación aceptó en su día la dación en pago como una solución extrema a situaciones extremas e injustas, como una excepción.
ADICAE ha estudiado de forma exhaustiva el borrador del Anteproyecto y fruto de este análisis es el documento que recoge las alegaciones que ha presentado a los grupos parlamentarios. La asociación insta a los grupos políticos a atender la demandas presentadas ya que suponen el fin de la relación asimétrica entre bancos y consumidores y el blindaje definitivo de derechos de los usuarios ante los abusos financieros.
