Las decisiones tomadas por los Gobiernos de Estados Unidos y Europa en los últimos meses ponen de manifiesto las diferencias de criterio entre los Ejecutivos de los diferentes estados en cuanto a la defensa de los derechos de los consumidores hace referencia.
Tres nuevas autoridades -para bancos, valores y aseguradoras- tendrán poderes vinculantes para solventar las disputas entre supervisores nacionales y prohibir productos financieros de riesgo. Podrán dar directrices a las entidades si fracasan los controladores nacionales, examinarán instituciones, actividades, productos que amenacen la integridad de los productos financieros, formularán advertencias en caso de riesgo, podrán solicitar a la Comisión Europea la prohibición de algunos productos y actividades,… pero, ¿les harán caso?
Más sanciones pero menos de las debidas
Los responsables económicos europeos acordaron reforzar las sanciones a los infractores del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero con mucha menos severidad de la que habían exigido Alemania y la Comisión Europea. El carácter «automático» de las sanciones que había exigido Alemania para los infractores de los criterios del déficit (3%) y deuda (60%) ha quedado completamente diluido y no tiene nada que ver con las propuestas de la Comisión. También se rebajan las aspiraciones en materia de deuda pública y desequilibrios macroeconómicos, sobre los que no hay sanciones.
Polémico control sobre los ‘hedge funds’
El control sobre los fondos de alto riesgo o ‘hedge funds’-que agravaron la crisis con sus operaciones especulativas- ha quedado fijado en una nueva directiva que permitirá otorgar a partir de 2015 un pasaporte para operar en toda la UE a los gestores de fondos extranjeros que respeten las normas comunitarias. Es un triunfo del Reino Unido, donde operan alrededor del 80% de los ‘hedge funds’ europeos. Otros gobiernos han alegado que estos fondos no estarán sometidos a las mismas exigencias de transpariencia que impone la UE. Los gestores de estos fondos deberán obtener autorización del supervisor del Estado miembro en que estén basados y estarán sujetos a supervisión y diversos controles. El nuevo sistema permitirá que los ‘hedge funds’ basados en territorios dependientes de Reino Unido como Jersey o las islas Caimán puedan trabajar en toda la UE si los aprueba la autoridad británica.
Zapatero no defendió a los usuarios en el G-20… pero ADICAE lo pidió
Antes de la reunión del G-20 en Seúl ADICAE hizo llegar al presidente del Gobierno una carta en la que le propuso -entre otras cuestiones- la organización de un primer Foro Internacional de Representantes y Expertos en Protección al Consumidor Financiero y el establecimiento permanente de una Agencia Internacional de Representantes de los Consumidores de Servicios Financieros. Lamentablemente nuestras propuestas quedaron en el aire, sin llegarse a ningún acuerdo concreto.
EE.UU. se acuerda de los consumidores
La Ley de Ayuda a las Familias para Salvar sus Hogares de 2009 introduce en el derecho concursal una serie de modificaciones que permiten, por ejemplo, prorrogar los plazos de pago o reajustar el tipo de interés a pagar, entre otras cosas, si se dan ciertas condiciones. Además, se habilita a los jueces para que, en caso de concurso, modifiquen los términos del crédito hipotecario con el objetivo de ajustar la deuda al valor del bien garantizado si es que es superior al mismo. Ha sido una de las diversas ayudas planteadas por Obama.
El consumidor financiero, más protegido
Barack Obama nombró como ayudante presidencial y consejera especial del secretario del Tesoro, Tim Geithner, a la profesora de leyes de Harvard Elizabeth Warren, quien también dirige la nueva Oficina de Protección al Consumidor Financiero. Warren lleva años denunciando los contratos abusivos de los bancos y defendiendo a las clases medias. Entre sus cometidos están decir a los bancos cómo empaquetar sus ofertas, proteger de prácticas abusivas a los consumidores, decidir los estándares generales de los productos que se ponen en el mercado, rechazar algunos y modificar otros. Además, impondrá que se especifique si un contrato puede dañar seriamente la salud financiera del cliente, tendrá capacidad para evaluar el impacto y eficacia de las leyes de protección a los consumidores, de cara a modificarlas y mejorarlas.
Swaps, ‘hedge funds’,… mayor vigilancia
Estos productos, apenas regulados hasta ahora, tendrán nuevas normas regulatorias. Las entidades sistémicamente importantes de los mercados de swaps estarán sujetas a requerimientos de capital y colateral. Asimismo los derivados estandarizados deberán negociarse en una plataforma de negociación y liquidarse en una cámara central y todos los contratos de swaps que se formalicen deberán ser comunicados al regulador correspondiente con información sobre el precio y volumen acordado. Las gestoras de ‘hedge-funds’ y otros fondos privados deberán registrarse en la SEC -Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos- y enviar información sobre los fondos que gestionan. Además, según la ley Dodd-Frank, las grandes entidades financieras cuya quiebra pueda poner en peligro la estabilidad del sistema tendrán que ser liquidadas en caso de quiebra. Se prohibirá a los bancos comerciales que realicen inversiones por cuenta propia y que posean o inviertan en ‘hedge funds’ o ‘private equity funds’.
Las millonarias ayudas a la Banca
Los diversos gobiernos se apresuraron a lanzar un millonario salvavidas a las entidades financieras, poniendo a su disposición cientos de miles de millones de euros. En España, hasta la fecha, se han hecho efectivos casi 31.000 millones de euros, aunque la Banca ya ha advertido que va a necesitar, por lo menos, otros 35.000 millones de euros.
País / Máximo previsto de ayudas públicas
Estados Unidos
1’5 billones de dólares
Alemania
480.000 millones de euros
Francia
360.000 millones de euros
Noruega
350.000 millones de euros
Holanda
220.000 millones de euros
Austria
100.000 millones de euros
España
109.300 millones de euros
Finlandia
50.000 millones de euros
Italia
50.000 millones de euros
Portugal
24.000 millones de euros
Grecia
23.000 millones de euros
Bélgica
15.500 millones de euros
Suiza
10.620 millones de euros
Reino Unido
6.840 millones de euros
Luxemburgo
2.500 millones de euros
