El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, afirmaba este martes en el Pleno del Senado que «la dificultad que existe en España para la apertura de gasolineras dificulta el acceso al negocio de distintos operadores y además limita la competencia ya que desincentiva la entrada de nuevos operadores». «Las restricciones a la apertura de estaciones de servicio influyen negativamente en la concentración minorista, en la estabilidad de costes del mercado y en la introducción de nuevos modelos de negocio», ha asegurado Soria.

«El suministro de productos energéticos tiene que hacerse, ya que es obligación de todo gobierno, al menor coste posible», ha asegurado el ministro, al que le toca convivir con la luz en precios abusivos y con la gasolina en máximos del año, que es lo mismo que decir de la década, en mitad de una crisis económica inacabable que está destruyendo la capacidad adquisitiva de los consumidores. La gasolina ha experimentado un encarecimiento del 60% desde que comenzara la crisis económica, en un bien de primera necesidad para muchos ciudadanos.

Soria explica que el Gobierno busca adoptar medidas, «tanto en el mercado mayorista como en el minorista, para incrementar la competencia efectiva en el sector, para reducir las barreras de entrada a nuevos operadores y repercutir favorablemente en el bienestar de los ciudadanos, velando asimismo por la estabilidad en el precio de los combustibles y logrando un funcionamiento más eficiente en este mercado». El ministro, sin querer confesarlo expresamente, deja entrever su esperanza de que a mayor cifra de gasolineras el carburante estará más barato.

El ministro Soria recuerda que distintos informes oficiales concluyen que, a partir de la comparación de los precios de los carburantes de varios países europeos, «el comportamiento de los precios de los márgenes en el mercado de distribución de carburantes en España mostraba signos de una reducida competencia efectiva», algo que a su juicio se solucionará permitiendo por ley la apertura de nuevas instalaciones.

Tesis contradictorias

El problema es que estas intenciones del Gobierno casan mal con un documento del propio Ministerio de Industria, fechado en otoño de 2012, en el que se asegura que, en realidad, España es uno de los países europeos con mayor concentración de estaciones de servicio por habitante dentro de la Unión Europea. «En cuanto al número de EESS, en España se ha registrado un aumento de instalaciones a lo largo de la última década, evolución contraria a la experimentada en Francia, o en otros países de la UE como Alemania o Reino Unido, donde desde el año 2005 el número de puntos de venta ha ido disminuyendo», dice el informe.

De hecho, en España, «el grado de cobertura de la red de estaciones es ligeramente superior al de Francia y otros países europeos. En particular, España mantiene una elevada cobertura de EESS por habitante y por vehículo, en un rango alto en comparación con Francia, Alemania o Reino Unido». Igualmente, la cifra de gasolineras por cada cien mil vehículos es muy superior a la de estos países, 36 aquí frente a 29 en Alemania. El problema, pues, no parece estar en la apertura de gasolineras.

Más bien radica en la estructura del mercado de comercializadores de combustibles que, en efecto, se privatizó con criterios oligárquicos, como el resto de mercados de servicios de primera necesidad, como la luz o la telefonía, que también han sido privatizados atendiendo a intereses poco honestos. Competencia ya está investigando a las petroleras, acusadas de prácticas anticompetitivas que están consiguiendo que la gasolina en España esté muy cara en relación con la capacidad de compra, y que los márgenes de beneficio que obtienen sean los más altos de toda la UE.

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