Una vez más la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no se ha atrevido a multar de modo contundente a una entidad financiera por sus fraudes al ahorro popular ni, tampoco, a ofrecer ninguna solución para los afectados. El último caso es la reciente sanción impuesta a Banco Popular: un millón de euros por colocar fraudulentamente bonos subordinados obligatoriamente convertibles en acciones unos 22.000 afectados. Una operación con la que la entidad presidida por Ángel Ron ingresó 700 millones de euros.
Los hechos tuvieron lugar, según la CNMV, entre enero de 2009 y noviembre de 2011, y el banco vulneró el artículo 79 bis de la Ley del Mercado de Valores, que hace referencia a la falta de información a los clientes sobre los productos ofrecidos. Esta multa, aun siendo irrisoria, supone un nuevo revés para Banco Popular y un espaldarazo para los miles de afectados por estos productos financieros híbridos, similares en cuanto a su complejidad y riesgo a las participaciones preferentes.
La conversión en acciones de estos productos no se ejecutó a precio de mercado de la acción, lo que hubiera permitido al vencimiento -el 26 de noviembre de 2015- que los afectados vendieran las acciones en Bolsa y recuperasen su dinero, sino a un precio de conversión determinado de antemano y sin contraste alguno con la realidad a fecha del vencimiento. Así, el precio de conversión se estableció en 17,69 euros por acción, una cifra muy lejana de los 3,3 euros que valían cuando finalizó el plazo de conversión forzosa de estos productos.
De esta manera, alrededor de 22.000 afectados se vieron obligados a pagar por las acciones de Banco Popular un 536% más de lo que les hubieran costado en el mercado en la fecha de vencimiento. Los afectados perdieron alrededor del 40% de sus ahorros. A fecha de hoy las acciones de Banco Popular han seguido bajando, y ya solo valen 1,24 euros.
ADICAE recomienda a los afectados unirse a la asociación para defender de una manera segura y colectiva sus derechos e intereses, y pelear legalmente para la devolución de su dinero. Para ello los afectados pueden acudir a cualquiera de las sedes de la asociación en toda España.
Cinco años después del estallido de este tipo de fraudes al ahorro popular -enmarcados en la oleada de venta de participaciones preferentes, deuda subordinada, cuotas participativas…-, la CNMV ha impuesto sanciones ridículas y tardías a 14 entidades. Así, un escándalo con el que la banca captó unos 40.000 millones de euros se salda por ahora con multas de poco más de 40 millones de euros, que no desincentivan el abuso y llegan cuando estos fraudes se han demostrado masivos en los tribunales.
