La Comisión Europea, a través de su presidente, José Manuel Durao Barroso, sigue diseñando un plan para recapitalizar a la Banca europea, mientras se olvida de los consumidores. Barroso considera que la revisión de las necesidades de capital deberán ser fijadas por los supervisores, y que los bancos “deberían utilizar primero fuentes privadas de capital y, de ser necesario en segunda instancia, capital público. En el caso de que los Estados no tuvieran recursos para realizar la inyección, deberían hacerlo vía el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), que alcanza los 440.000 millones de euros”.
Además, Barroso considera necesario que “los bancos que no tengan el capital exigido deberán presentar planes para lograrlo lo antes posible. Hasta que lo hagan, se les deberá prohibir el pago de dividendos y bonos”. Una decisión acertada en el caso de los bonos, ligados directamente al sueldo de los grandes directivos bancarios. No obstante, si bien son los grandes directivos de la Banca los que más beneficios consiguen a través de los dividendos, también es cierto que los pequeños accionistas verán mermados sus ingresos por esta vía. Además es preciso que la Comisión Europea exija responsabilidades a los grandes directivos de la Banca europea, que tienen una parte de culpa muy grande en la actual crisis económica.
También ha quedado claro, una vez más, que la Comisión Europea actúa con celeridad para tratar de curar las enfermedades del sistema bancario, pero no lo hace para ‘rescatar’ al grueso de la ciudadanía. Puestos a regular, la Comisión Europea bien podría también atacar a las malas prácticas bancarias, asunto en el que la Banca española, lamentablemente, podría aparecer en la cabeza del ranking: productos tóxicos, cláusulas suelo, comisiones abusivas,… asuntos todos que necesitan una regulación urgente y sobre los que la Comisión Europea no se ha pronunciado, con la grave problemática hipotecaria como asunto de referencia más importante.
Ahora más que nunca es preciso que Europa dé un impulso firme a la moratoria hipotecaria que ADICAE y el grueso de las asociaciones de consumidores están pidiendo al Ejecutivo español. Europa debe entender que, antes de salvar a los bancos, debería salvar a los ciudadanos. Para ello el primer paso es paralizar los procesos de embargo.
