El bochornoso espectáculo vivido el 15 de julio en el Juzgado de lo Mercantil 11 de Madrid, donde se suspendió la vista de las medidas cautelares de la macrodemanda contra las abusivas cláusulas suelo impulsada por ADICAE, comenzó cuando, de manera sorprendente, la jueza encargada de ‘pilotar’ dicho acto no era la jueza titular del juzgado de lo Mercantil 12 de Madrid -responsable hasta ese momento del caso-, sino la nueva jueza titular del Juzgado de lo Mercantil 11.
Aunque antes de realizarse la vista no hubo confirmación oficial, el juzgado había manifestado oficiosamente que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había resuelto sustituir nuevamente a la jueza que lleva el caso designando a la nueva titular del Juzgado de lo Mercantil 11, algo fuera de lo normal y sólo explicable por el hecho de que los demandados sean la totalidad del sistema bancario español y por un evidente ánimo de continuar con la parálisis del procedimiento.
Fue en julio de 2013 cuando se hizo cargo del caso la jueza del Juzgado de lo Mercantil 12 de Madrid, tras la renuncia de la primera jueza el 2 de abril de 2013 porque resultaba ser avalista en una hipoteca con cláusula suelo, al estimar que esa circunstancia daba origen a una posible causa de recusación. En los últimos meses la nueva jueza había dictado algunas sentencias favorables a los afectados agrupados en ADICAE, e incluso alguna individual obligando a la banca a devolver el dinero cobrado de más por las abusivas cláusulas suelo.
Así, con este nuevo cambio, la banca parece haber ‘apartado’ a una jueza aparentemente combativa con las malas prácticas bancarias. “Esta nueva jueza ya ha dicho que no tiene medios, que le encargaron este juicio hace un mes. Es la tercera jueza que pasa y no cargamos solo contra esta señora aunque lo haya hecho muy mal en la vista, ya que podría tener objeción de conciencia para afrontar situaciones como esta. Vamos a ir al Consejo General del Poder Judicial para que tome medidas”, explica el presidente de ADICAE, Manuel Pardos.
Este cambio de jueza no supone, en modo alguno, la suspensión del proceso -que era lo que quería la banca- pero sí un nuevo alargamiento dado que la magistrada ha requerido a que ADICAE presente en un plazo de 15 días una serie de aclaraciones a la demanda que la anterior jueza sólo había pedido para el momento en que se realizara la audiencia previa, como se aprecia en la página 29 del auto judicial.
