Organismos supervisores y reguladores ineficaces frente a los fraudes colectivos
En su función supervisora, tanto Banco de España como la Comisión Nacional del Mercado de Valores han tolerado los recientes escándalos masivos como las “cláusulas suelo” y la colocación masiva de productos tóxicos de ahorro como “participaciones preferentes” o “deuda subordinada”. En ambos casos han demostrado su desinterés por proteger a los consumidores cuando no su connivencia con el comportamiento de las entidades de crédito. Esta misma actitud de descontrol se observa en los órganos que supervisan y regulan los servicios de interés general, claves para las economías domésticas. La creación de una Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia simplemente ha traído más confusión a este panorama.
Un procedimiento judicial colectivo eficaz, asignatura pendiente
Lamentablemente en España la acción judicial colectiva tiene demasiadas lagunas normativas y una actitud no del todo correcta y comprensible por parte de la judicatura y la abogacía. Pretender que los afectados por un fraude o abuso de consumo tengan que acudir a la justicia de uno en uno, supone una maniobra interesada y orquestada por las grandes empresas y en particular por el sector bancario con el fin de disuadirles y privarles así de un verdadero derecho de acceso a la justicia.
Reactivar el movimiento asociativo de consumidores
Tanto las organizaciones de consumidores como el modelo institucional de participación en órganos consultivos siguen sin tener la relevancia y la fuerza necesaria capaz de representar y defender adecuadamente a los consumidores y sus intereses frente a las fuerzas cada vez mayores que tienen las empresas en el mercado.
Manuel Pardos
