La asociación de consumidores ADICAE ha presentado el pacto de Estado por la transparencia en los contratos entre consumidores y empresas de cualquier ámbito del consumo (financiero, energético, telecomunicaciones, gran distribución, transporte y comercio en general).
Con este plan, que incluye al menos 10 reformas legales concretas, “queremos mejorar la protección de los consumidores, actualizándola a la legislación europea y del siglo XXI; recuperar la confianza del consumidor; restaurar la competitividad entre las empresas ante el dominio de los oligopolios, y, con todo, ayudar al crecimiento de la economía nacional mediante el consumo”, ha señalado Manuel Pardos, presidente de ADICAE.
La presión ciudadana es importante para lograr estos objetivos por la transparencia que nos benefician a todos. Por eso, si estás de acuerdo en que el Parlamento apruebe el pacto de Estado por la transparencia en la contratación, apoya la iniciativa firmando aquí.
Motivos para un pacto de Estado social y económico
Este plan nace de la dramática situación económica y social de millones de personas víctimas de fraudes como las preferentes, las cláusulas suelo, los engaños en las facturas de la luz o el gas, los abusos en telecomunicaciones… Situación que no se ha corregido, incentivando la comercialización de nuevos contratos abusivos en la actualidad y una judicialización masiva de los problemas de los consumidores.
Reconocimiento legal del control de transparencia
Entre las principales medidas, “hay que garantizar por ley que el consumidor, además de recibir la información básica, ha sido capaz de comprender perfectamente el contrato y sus implicaciones, lo que se llama el ‘doble control de transparencia’, exigido por la Comisión Europea y que aquí ha introducido el Tribunal Supremo”, ha afirmado Manuel Pardos.
Hasta ahora la obligación de transparencia se limitaba a dar al cliente mera información del producto o servicio contratado, sin explicar su complejidad y verdaderos riesgos –insuficiente como se ha demostrado con las preferentes-.
Eliminación y restitución íntegra de las cláusulas abusivas
Introducir en nuestras leyes el principio de no vinculación para el consumidor de las cláusulas declaradas nulas evitaría situaciones que vulneran la Directiva Europea 93/13 y los derechos de los consumidores, como el debate de si los bancos deben devolver todo lo cobrado por la cláusula suelo o solo desde mayo de 2013.
Este cambio posibilitaría a su vez el fin de casi todos los desahucios a partir de la declaración de nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado –ya dictada por el Tribunal Supremo–, pues esta cláusula permite al banco iniciar la ejecución hipotecaria en caso de impago.
La aplicación de este principio tendría grandes beneficios en la competitividad de las empresas: se evitaría que haya compañías que jueguen con ventaja al no tener que devolver los beneficios obtenidos por aplicar una cláusula abusiva. De hecho, esta falta de resarcimiento incita al resto de empresas a replicar el abuso ya que solo se ven obligadas a eliminar la cláusula abusiva pero no a deshacer los efectos que esta haya generado.
Prevención y acción colectiva ante abusos masivos
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que incluya la revisión de la acción judicial colectiva y el potenciar la actuación de oficio del juez ante cláusulas abusivas.
ADICAE prevé medidas preventivas para evitar la reproducción masiva de problemas y plantear mejoras y correcciones en los contratos en caso de detectar condiciones abusivas.
Por ejemplo, la creación de una comisión de cláusulas abusivas, formada por empresas y consumidores, que analice la transparencia de los contratos; potenciar el papel de los notarios y los registradores en el control de la transparencia; impulsar los sellos de transparencia, o que las empresas deban depositar sus contratos tipo en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación para que su consulta por ciudadanos o asociaciones de consumidores.
Extensión de la protección a autónomos
“Queremos que estas medidas sean extensibles a los autónomos, profesionales y pequeñas empresas, un colectivo igualmente desprotegido. Hemos visto cómo lo han perdido todo tras tener que vincular bienes ajenos a su actividad profesional, como la vivienda personal, a los contratos con empresas del consumo”, ha explicado Pardos.
A día de hoy, tanto para los consumidores como para los autónomos, no existe posibilidad real de negociar un contrato: son contratos de adhesión, donde “lo tomas o lo dejas”.
Consenso político para un pacto de Estado
Tras compartir este pacto de Estado con la Presidencia del Gobierno, la presidenta del Congreso y todos los partidos políticos, Pardos ha anunciado que “todos los grupos parlamentarios con los que nos estamos reuniendo están mostrado un gran interés”.
Todos han coincidido en que el nuevo tiempo de diálogo y pactos puede facilitar el consenso necesario para sacar adelante esta iniciativa.
“Los grupos han reconocido la insuficiencia de la actual legislación y que los problemas de los consumidores no pueden resolverse masivamente en los juzgados”, destacando a su vez “la transversalidad de las propuestas de ADICAE, que beneficiarían a toda la sociedad”.
“Con estas medidas expresamos el sentir de la ciudadanía después de todos los escándalos que han ocurrido en este país –ha dicho Pardos–. Por ello ADICAE aspira a un pacto de todas las fuerzas políticas dado el enorme contenido social, económico y jurídico de esta iniciativa”.
