Ninguno de los principales partidos que concurren a las elecciones del próximo día 20 lleva en sus programas electorales propuestas que establezcan mecanismos que contribuyan a desinflar la burbuja inmobiliaria y que, por tanto, sirvan para equilibrar el precio real de las viviendas y mitiguen el problema de alojamiento, que sufren actualmente cientos de miles de familias, según un estudio realizado por ADICAE de los programas electorales
La burbuja no se ha desinflado y ya se piensa en volver a impulsarla
De hecho, el PSOE y el PP, no proponen medidas de reequilibrio y prefieren aplicar iniciativas que se basan en los actuales precios de la vivienda. Los socialistas plantean medidas para fomentar que las constructoras apuesten por la rehabilitación de inmuebles y que se ofrezca, en alquiler, el parque de viviendas vacías. Si bien, eluden proponer mecanismos que garanticen un precio accesible de la vivienda y acabar con la burbuja.
La oferta electoral del Partido Popular supone una vuelta al pasado ya que propone establecer deducciones en vivienda al considerarla como una inversión, una política que inició la burbuja inmobiliaria. Los conservadores van un paso más allá y proponen aplicar el IVA más reducido a la compraventa de la vivienda habitual, una medida impulsada por Zapatero y rechazada por Bruselas que pide aumentar ese impuesto.
En relación con el alquiler, el PP, se muestra partidario de favorecerlo, pero imponiendo algunas restricciones de renta per cápita, lo que, de facto puede suponer una limitación al fomento del alquiler de viviendas, que inicialmente pretende.
Curiosamente, una de las formaciones de más reciente llegada a la escena política, como es Compromis, es quien lleva en su programa una batería de medidas dirigidas a la vivienda aunque, ninguna de ellas, contribuye a reducir la inflación inmobiliaria. Sus propuestas van desde la desgravación fiscal (15%) por compra o alquiler, hasta aplicar el IVA superreducido (4%) a la adquisición de vivienda y reformas.
Izquierda Unida, por su parte, plantea que el parque de viviendas sea comprado por las Administraciones Públicas y luego puesto a disposición de los particulares para “garantizar el derecho constitucional a la vivienda”, si bien, no dice nada de que dicha compra lastraría a las Administraciones Públicas obligándolas a hacerse cargo de numerosos ‘activos tóxicos’.
En contraste con la cantidad de medidas y con la nítida definición de las propuestas electorales de otras formaciones, Unión Progreso y Democracia (UPyD), da pocas pistas de lo que querría hacer en caso de llegar al Gobierno y se limita a apoyar que las inversiones públicas se dirijan a la vivienda de protección pública en alquiler.
Finalmente, los grupos catalanistas (CiU, ERC y EUIA-ICV) tampoco plantean recetas para desinflar el globo inmobiliario y apuestan por mejorar el acceso a la vivienda de colectivos desfavorecidos, como hace CiU; priorizar fiscalmente el alquiler, en el caso de EUIA-ICV o simplemente apoyar el alquiler. CiU aprovecha para pedir la transferencia a la Generalitat de los fondos y las competencias en vivienda.
