Marzo de 2009. M.A.G.V., de 76 años, recibe una llamada de la sucursal de Cajastur (ahora Liberbank) en Luanco, relativa al próximo vencimiento de un depósito que mantiene en la entidad. Le ofrecen un producto “que había salido nuevo, que era exactamente igual que un plazo fijo, seguro, garantizado, carente de riesgo y con liquidez inmediata, bastando con avisar un par de días antes para poder disponer de dinero sin ningún problema”. El 18 de marzo procede a la firma del producto ofertado, en el que deposita los 26.500 euros que entonces tenía en el referido depósito a plazo fijo. Sin más preguntas, M.A.G.V. sale de la sucursal creyendo que ha contratado un depósito sin riesgo, en el que también estaba incluida M.A.L.G que, sin embargo, no había participado en la contratación. Pero en realidad se trataba de una pieza más en el engranaje del fraude de la colocación masiva e indebida de productos tóxicos que estaba orquestando la banca española.
Varios años después lo que ocurre es una historia similar a la que han tenido que sufrir alrededor de un millón de familias en nuestro país. Las afectadas se dan cuenta de que realmente no pueden disponer de su dinero, y deciden emprender acciones legales. Acuden a ADICAE, entran a formar parte de la Plataforma de Afectados por Preferentes y otros productos tóxicos de Liberbank, y comienzan a pelear judicialmente para recuperar sus ahorros. Ahora, ven la luz.
La sentencia obtenida por ADICAE es clara. La entidad financiera nunca se cercioró de los estudios cursados por las demandantes, ni de sus ocupaciones profesionales; no tenían formación sobre productos bancarios o de inversión; y anteriormente solo habían contratado libretas de ahorro y depósitos a plazo fijo. Además la propia empleada de la sucursal reconoció en el juicio que les había informado que el producto carecía de riesgos, puesto que se había vendido igualmente a familiares de los empleados, que era un producto seguro y que podría recuperar su inversión en cualquier momento; pues en cualquier momento podrían vender el producto, sin mencionar la posibilidad de que se produjera pérdida alguna.
Lo más sangrante de este caso es que la emisión de deuda subordinada que Cajastur vendió a las afectadas ni siquiera había sido aprobada todavía por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El test de idoneidad se demostró, asimismo, como una auténtica farsa: constaba que no había realizado en los últimos tres años inversiones en valores de renta fija complejos, no estaba familiarizada con el producto, tenía conocimientos básicos del mercado financiero, sus inversiones eran trimestrales y con un montante global de entre 3.000 y 6.000 euros… y “sorprendentemente el resultado del test fue conveniente”, remarca el juez. Además, tampoco se entregó a las afectadas ninguna información precontractual.
Por todo ello Liberbank ha sido condenada a devolver los 26.500 euros iniciales, más el interés legal del dinero. Las demandantes deberán, por su parte, entregar los títulos recibidos o las acciones que obtuvieron a cambio, y abonar los intereses obtenidos por las obligaciones suscritas más el interés legal del dinero.
Más de dos años después del estallido del fraude de la comercialización masiva e indebida de participaciones preferentes, deuda subordinada y otros productos tóxicos, cientos de afectados siguen recuperando sus ahorros. La presión social colectiva ejercida y las mediaciones extrajudiciales realizadas por ADICAE, incluidas las orientaciones para enfocar el sesgado Arbitraje ofrecido por la banca, están dando sus frutos.
ADICAE sigue realizando una intensa labor de mediación y orientación de cara a los sesgados arbitrajes que algunas de las entidades inmersas en este bochornoso fraude han realizado. Desde que comenzó este trabajo, 1.647 afectados han llegado a acuerdos satisfactorios con sus bancos para recuperar sus ahorros: 727 de Caja Madrid, 418 de Bancaja, 194 de Caixa Catalunya, 91 de Caixa Galicia, 62 de Caixa Laietana, 60 de Caja España – Caja Duero, 48 de Caixa Nova, 19 de Caja Rioja, 16 de Caja Segovia, 13 de Caja Canarias, 6 de Caja Ávila y 4 de Cajastur. La media de los ahorros depositados por los afectados ronda los 30.000 euros. Estas cantidades recuperadas, unidas a las sentencias favorables que acumula ADICAE, hacen que la banca tenga que devolver, por ahora, 48.781.262,26 euros.
Estos datos no significan una solución real para todos los afectados, pero demuestran que la presión social colectiva y la acción de mediación realizada seria y profesionalmente, son altamente efectivas. No obstante es preciso seguir luchando para impulsar una solución colectiva a este clamoroso fraude. ADICAE sigue presentando demandas agrupadas, recopilando la documentación de los consumidores que quieran denunciar a su banco por este turbio asunto y realizando asambleas informativas en todo el Estado.
