La Unión Europea ha decidido crear nuevas herramientas de control del sistema financiero. Se trata de un Comité Europeo de Riesgos Sistémicos que vigilará los riesgos macroeconómicos y tres autoridades de supervisión para controlar bancos, seguros y mercados de valores. Serán autoridades que trabajarán a la vez que las autoridades nacionales, que mantienen su poder.
El objetivo con el que nacen es que, si las autoridades nacionales fallan, podrán adoptar decisiones ante las flagrantes violaciones del derecho europeo e imponer sus propias medidas. También podrán instaurar normativas técnicas para mejorar la regulación que, posteriormente, la Comisión Europea podría hacer suyos.
Se trata, en definitiva, de supervisores que, además, podrán prohibir temporalmente ciertas actividades o productos tóxicos. Pero, ¿por qué no lo hacen de manera permanente? Lamentablemente el mercado financiero se ha convertido en una herramienta demasiado importante como para poner coto de manera perpetua a las miles de trampas que, diariamente, las entidades financieras tienden a los consumidores en todo el planeta. Se ha perdido una gran oportunidad para que estos ‘árbitros financieros’ velen también por los derechos de los consumidores creando un organismo específico con participación de las organizaciones sociales y que controlen los abusos que se hacen directamente sobre los consumidores.
El Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) presenta en los estertores del verano de 2010 un nuevo paquete de medidas impositivas que nacen con el objetivo de controlar a la Banca. La primera de ellas, y parece que primordial, está destinada a financiar los fondos de resolución de crisis nacionales con el objetivo de evitar distorsiones en la competencia y que algunas entidades paguen la nueva tasa en varios países a la vez.
Se trata de una tasa anticrisis que se calculará en base al pasivo de cada entidad, excluyendo los fondos que ya se hayan cubierto en el sistema de garantía de depósitos que tienen varios países. La Unión Europea también espera alcanzar un acuerdo para que las nuevas tasas sólo se apliquen en los países cuyas autoridades son responsables de la supervisión y gestión de crisis de cada entidad financiera.
La Unión Europea también quiere que el sector financiero contribuya más y mejor a los presupuestos generales del Estado. De esta manera se han presentado dos opciones a los ministros de Economía europeos: una tasa sobre la cuenta de resultados de cada entidad y otra sobre cada operación financiera. Bruselas parece inclinarse por la primera opción, ya que lograría una distribución más equilibrada de los ingresos puesto que, en la segunda, el 71% de la recaudación iría a parar a las arcas de Londres.
Es deseable que estas reformas, cuando se lleven a la práctica, no acaben gravando aún más la economía de los consumidores. Las líneas de actuación que se marcan son tres: exigir más capital y de mayor calidad, establecer unos requerimientos mínimos de liquidez (a corto y largo plazo) y fijar un ratio máximo de endeudamiento. Si no se cumplen estos criterios, denominados Basilea III, el mercado financiero seguirá mutando hacia un sistema demasiado elitista. Los servicios financieros más básicos -cuentas de ahorro, transferencias, traspasos,…- son imprescindibles para la ciudadanía y no pueden convertirse, bajo ningún concepto, en artículos de lujo.
