La Administración estadounidense de Obama ha anunciado recientemente que va a seguir facilitando que los hipotecados puedan cambiar sus préstamos a largo plazo por otros a corto plazo más fáciles de pagar y que el Estado se hará, en parte, cargo de esa refinanciación. Una medida de protección social que se dirige a frenar los procesos de embargo y que no deja de ser relativamente sorprendente, ya que se pone en marcha en uno de los países que podríamos denominar campeones mundiales del liberalismo, y principal cuna de la crisis económica actual.
Por el contrario, en Europa, y más concretamente en España, único país de tendencia teóricamente socialdemócrata de la zona, se aplica una política radicalmente ultra liberal que prefiere apoyar a los bancos antes que a los consumidores. España lleva más de 70.000 millones de euros comprometidos en el reflotamiento de la Banca desde que comenzó la crisis.
Las medidas anunciadas por Obama prevén alcanzar a un millón de personas que tienen hipotecas que superan el valor actual de sus casas. Esta medida se añade a la moratoria hipotecaria que ya puso en marcha hace casi dos años con el problema de las hipotecas subprime, y que ha frenado en parte la oleada de desahucios que se preveía por las hipotecas arriesgadas que los ‘banqueros basura’ concedieron a clientes sin las suficientes garantías. Algo que, desgraciadamente y como es sobradamente conocido, también ha realizado masivamente la Banca española que, incluso, ha ido más allá con la inclusión de las abusivas cláusulas suelo, masivamente denunciadas por ADICAE.
En estos dos últimos años Estados Unidos ha tomado medidas como la actual, que han favorecido a los hipotecados inmersos en un proceso de embargo hipotecario: ha rebajado los tipos de interés hasta dejarlos en el 0,25%, favoreciendo la cantidad de dinero disponible para los consumidores, sin por ello rebajar las medidas de protección social.
El Gobierno español se pliega ante la Banca
Por contra, en España, el Gobierno ha optado por la vía contraria. Ha apoyado a la Banca inyectando financiación a cargo de los fondos públicos; ha puesto en marcha una inoperante medida para refinanciar hipotecas que imponía condiciones tan constreñidas que acabó por no tener ningún efecto. Y, finalmente, se ha visto abocada a aceptar una política de dinero ‘caro’ impuesta por el Banco Central Europeo, más preocupado por controlar la inflación que por ayudar al crecimiento de la economía y del empleo y a la incentivación del consumo. En paralelo, el Gobierno ha congelado las pensiones, excepto las más bajas.
La diferencia entre ambas políticas tiene su reflejo diario en la oleada de ejecuciones y lanzamientos hipotecarios que la Banca española ha iniciado para ‘liberar’ sus balances de esos activos y pasivos, aunque sea a costa de ‘hacerse más pequeños’. Los procesos de embargo, para los que ADICAE pide una paralización inmediata en su inmensa mayoría durante al menos tres años, no han dejado de aumentar. De hecho sólo en la primera mitad de 2011 se produjeron más de 58.000 embargos y 32.000 desahucios, según datos del Consejo General del Poder Judicial.
EE.UU. avanza en la protección
En Estados Unidos se han hecho algunos avances en este sentido. Por ejemplo el HARP (Home Affordable Refinance Program), un programa impulsado por el Gobierno de Obama para que las dos principales agencias hipotecarias públicas, Fannie Mae y Freddie Mac, faciliten a los hipotecados cambiar sus préstamos aprovechando que el dinero está en tasas del 0%.
La nueva medida anunciada permite esa refinanciación a los hipotecados que deban a los bancos más del 125% del valor de mercado de sus viviendas. Además se han eliminado las comisiones que pagaban los propietarios por esa operación y se pretende que canjeen sus préstamos a 30 años por otros a más corto plazo. Al resto de los hipotecados se les reducen los cargos por esa novación en las condiciones de sus hipotecas. Todas estas medidas cuentan con el apoyo de las mencionadas hipotecarias públicas.
Hasta el momento unos 900.000 hipotecados se han acogido a este programa en los casi dos años que lleva aplicándose y la previsión es que, con esta suavización de las condiciones, ese número aumente por encima del millón de personas amenazadas por los infernales procesos de embargo.
No obstante el Gobierno norteamericano, como la inmensa mayoría de los gobiernos, debe dar todavía muchos pasos adelante para considerarse modélico en la protección de los hipotecados. Debe poner coto a las cláusulas abusivas, estrechar el cerco sobre las certificaciones notariales de las hipotecas –más de 100.000 falsificaciones-, regular el sector de las tasaciones inmobiliarias… Ni siquiera Obama es la panacea para los hipotecados.
