Los datos son claros: los pequeños consumidores que tienen créditos personales y, sobre todo, préstamos hipotecarios, son los que mejor están haciendo frente a sus compromisos. Esta afirmación se sustenta en datos procedentes de la Asociación Hipotecaria Española –que actúa como un lobby bancario- y del propio Banco de España. Según sus registros hasta julio pasado, la morosidad de las familias que han comprado su vivienda con hipotecas sólo representa un exiguo 2,47% del total de los préstamos concedidos.
Para hacerse una mejor idea de si los particulares, pese a la crudeza con que les está golpeando la crisis, son buenos o malos pagadores, es necesario comparar este dato con, por ejemplo, lo que hacen los promotores inmobiliarios. A junio pasado (últimos datos oficiales), el Banco de España cifró la morosidad del sector en un 17,01%. Sin embargo, fuentes del sector indican que esa cifra ha crecido en los últimos meses y está más cerca del 20%.
¿Por qué no persiguen a los promotores inmobiliarios
En cifras absolutas, eso supone que bancos y cajas podrían no llegar a cobrar a los promotores inmobiliarios préstamos concedidos por valor de 70.428 millones de euros. En total, el sistema financiero tenía prestados a los constructores y promotores inmobiliarios 413.914 millones de euros. Siendo más específicos, según el Banco de España, al cierre del mes de junio el sector promotor e inmobiliario tenía en morosidad 54.889 millones de euros en préstamos hipotecarios, un 17,79% de los 308.425 millones de euros que la Banca había prestado a ese sector de actividad.
El saldo vivo total de préstamos hipotecarios concedidos en España sumaba en el mes de junio 1,039 billones de euros, según los datos del Banco de España, de los que un 39,84% corresponden a créditos de promotores, constructores e inmobiliarios.
Estos datos vienen a romper una lanza a favor de las familias hipotecadas que, aun con todas las dificultades económicas por las que atraviesan, tratan de cumplir con todas las obligaciones derivadas del pago de sus respectivas hipotecas, incluso acogiéndose a la labor realizada por las entidades dedicadas a servicios sociales -que están siendo recortados-.
Sin embargo, según datos del Consejo General del Poder Judicial, los procesos de embargo no dejan de aumentar. ADICAE calcula que, en estos momentos, hay más de 400.000 familias en riesgo de perder su vivienda ante la pasividad de los poderes públicos y la codicia de las entidades financieras, que no perdonan ni una sola cuota impagada a los consumidores. Entretanto, como queda demostrado, la morosidad de los promotores inmobiliarios casi multiplica por diez a la de las familias. ¿Por qué no les persiguen a ellos? ¿Quizá porque la Banca, los promotores inmobiliarios y los poderes políticos, entre otros agentes, inflaron indiscriminadamente la burbuja inmobiliaria?
