Ni el Santander, ni el Banco Popular ni Caja Madrid participan en el plan -que consiste en la suspensión del pago del 50% de la cuota mensual (siendo el máximo 500 euros) por un tiempo máximo de dos años, y sólo si el importe total de la hipoteca no supera los 170.000 euros-, mientras sí lo hacen BBVA y La Caixa. Excepto estas dos últimas entidades, en general se han acogido a la medida cajas pequeñas con presencia limitada (Caja Rural de Teruel, Caja Rural de Ciudad Real), y sólo unas pocas de las más extendidas (como Bancaja o Caixa Galicia).
Además, no todos los clientes que cumplan con los requisitos pueden adherirse al plan libremente; es la sucursal la que decide en última instancia si corre con el riesgo o deniega la solicitud. El poco interés que han demostrado los bancos y cajas se ha visto reflejado también en el “absoluto desconocimiento” que demuestran la mayoría de los empleados del sector cuando un cliente llega a su entidad a pedir información sobre la prórroga.
¿Pero es que hay alguien que cumpla estos requisitos?
No ponemos en duda que haya mucha gente que cumpla los requisitos para beneficiarse de esta medida, pero ¿qué hay de todos aquellos que escapan a sus condiciones restrictivas? De momento, sólo se pueden acoger al plan los trabajadores en paro que estén cobrando la prestación por desempleo, los autónomos que hayan visto disminuir sus ingresos hasta en 18.000 euros y los pensionistas en viudedad con cargas familiares.
Además, también se impone que la hipoteca se haya firmado antes del 1 de septiembre de 2008 y que la cantidad máxima aplazada no supere los 12.000 euros en total. Cuando pasen los dos años durante los que los consumidores pueden acogerse a la medida -del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010-, deberán empezar a devolver la parte aplazada en mensualidades a partir del 1 de enero de 2011.
Se podrá pagar en tres, cinco, siete o diez años, según se haya acordado en el momento de contratar la moratoria, y se repartirá proporcionalmente entre las cuotas que el consumidor pagará al retomar su actividad normal (sistema de distribución conocido como prorrateo). Si el cliente apura al máximo (deja de pagar 500 euros al mes durante 24 meses), su cuota hipotecaria se incrementará en 100 euros mensuales una vez vuelva a pagar su hipoteca normalmente. Si pasados los dos años el consumidor todavía no puede hacerse cargo del pago, el ICO actuará como avalista ante la entidad financiera.
Las entidades restringen aún más el alcance de la medida
Si tal y como la planteaba el Ejecutivo la medida ya era limitativa, el hecho de que menos del 25% de las entidades la hayan apoyado, y que encima tengan la última palabra sobre su aplicación, pone de relieve las carencias del plan. Pocas viviendas han costado menos de 170.000 euros en el último lustro. Además, las hipotecas concedidas han superado el 100% del valor de tasación de la vivienda, llegando incluso hasta el 120%. ¿No queda esta medida fuera de toda realidad? Con estas pautas, el perfil de los afectados que puedan beneficiarse de ella va a ser, sin duda, muy minoritario.
Además, tampoco tiene en cuenta que en la actualidad el 30% de los parados (cerca de un millón de personas) no goza de ninguna cobertura por desempleo, por lo que no pueden solicitar la prórroga. Por no hablar de aquellos trabajadores que no han perdido su empleo pero perciben unos salarios muy bajos con los que no pueden hacer frente a su hipoteca. Tampoco se han tenido en cuenta otros casos de sobreendeudamiento, originados por fallecimientos, separaciones o divorcios, o situaciones de invalidez en las que se cobra una pensión menor a la renta normal.
Y otro de los problemas que plantea es que nada asegura que los consumidores vayan a encontrarse con una situación económica más propicia para poder asumir su deuda dentro de dos años, y menos aún teniendo en cuenta que las cuotas se incrementarían en 100 euros mensuales. Aún más complicado lo tendrán quienes hayan contratado hipotecas crecientes, que pueden ver cómo las mensualidades no paran de crecer mes a mes.
ADICAE exige medidas eficaces que ayuden a todos los hipotecados
Por todo lo explicado, ADICAE estima que la moratoria hipotecaria es claramente insuficiente, tal y como se está aplicando, para resolver el problema de los consumidores hipotecados. Sólo va a ser una “tirita” provisional para los colectivos a los que va dirigida, pero con los que no sabe qué ocurrirá si dentro de 24 meses no ven mejoras en su realidad económica.
El Gobierno tendrá que ser más ambicioso con sus propuestas y, sobre todo, más exigente con las entidades para que sus medidas contra la crisis ayuden de verdad a los consumidores. Los bancos y las cajas, por su parte, después de haber cosechado beneficios astronómicos durante años gracias al crédito sin restricciones que han otorgado y que ha contribuido a inflar la burbuja inmobiliaria, deberían poner de su parte para no seguir perjudicando al consumidor.
Si el sector financiero no está dispuesto a asumir su parte de responsabilidad, el Gobierno debería tomar cartas en el asunto. Por ejemplo y para empezar, podría el dinero de las próximas subastas del Fondo de Adquisición de Activos Financieros dar crédito directamente, a través del ICO, a los ciudadanos y pequeñas empresas en apuros.
Mientras tanto, ADICAE ofrece ayuda y atención a los afectados en su Plataforma Hipotecaria. Allí obtendrá toda la información que necesite para conocer al detalle su préstamo hipotecario y cómo renegociar las condiciones para evitar caer en una situación de impago. Si ya es una de las personas que ha impagado una cuota, en ADICAE conocemos todos los pasos a seguir para intentar evitar la venta de su vivienda.
