El pasado 22 de febrero el ministro de Economía, Luis de Guindos, mostró en el Pleno del Congreso de los Diputados una especial sensibilización con la problemática de los desahucios, lo que ha animado al presidente de ADICAE, Manuel Pardos, a escribirle una carta mediante la que ADICAE pretende hacerle llegar las propuestas que, desde la asociación, se han venido haciendo en materia hipotecaria en los últimos años.
ADICAE viene trabajando firmemente en cuestiones hipotecarias en los últimos años, especialmente desde 2007 cuando creó la Plataforma Hipotecaria de ADICAE que, en la actualidad, agrupa a 38.122 miembros, tanto personas embargadas o amenazadas de embargo como víctimas de cláusulas suelo y de todo tipo de abusos hipotecarios. En este tiempo ADICAE ha atendido más de 63.000 consultas hipotecarias, comparecido en la Subcomisión del Congreso de la anterior legislatura, presentado a todos los grupos parlamentarios diversas propuestas legislativas en materia hipotecaria e interpuesto multitudinarias demandas colectivas por abusos hipotecarios, como es el caso de las cláusulas suelo o de los swaps.
Resumen de las propuestas de la Plataforma Hipotecaria de ADICAE
En su misiva, Manuel Pardos le indica al ministro Luis de Guindos que existe una “necesidad perentoria” de acordar “una moratoria hipotecaria como única medida inmediata de paralización de esta sangría”, que perjudica a las familias y a las propias entidades financieras.
El anterior Gobierno dictó mediante el Real Decreto 1975/2008 de 28 de noviembre, sobre las medidas urgentes a adoptar en materia económica, fiscal, de empleo y de acceso a la vivienda, una moratoria que resultó un absoluto fracaso en sus resultados (tan sólo se han utilizado, según la última memoria del ICO disponible, el 1,3% del total de la dotación de 6.000 millones de euros) por el mal planteamiento que se hacía de la misma y sobre todo porque dejaba la solución a la voluntariedad de bancos y cajas.
Ante tal fracaso ADICAE elaboró una propuesta para la aprobación urgente de una moratoria hipotecaria, proponiendo incluso un texto articulado de Real Decreto Ley que fue trasladado al Gobierno anterior sin llegar a aprobarse. Dicho texto constituye “un documento de trabajo práctico y de fácil aprobación inmediata que aportamos, entonces y ahora, como colaboración constructiva, conscientes de que el Gobierno y las Cortes Generales son las instituciones competentes para la aprobación de normas legales”, explica Manuel Pardos.
Es urgente realizar reformas ya imprescindibles de diverso tipo en la legislación hipotecaria. “Más allá de la simple dación en pago es necesario adecuar la legislación hipotecaria que, como incluso han reconocido algunas sentencias, ha permanecido invariable en lo sustancial durante más de 60 años generando diversos desequilibrios en contra de los usuarios en un mercado hipotecario masivo en España que no tiene nada que ver con los planteamientos de esta vetusta Ley”, indica el presidente de ADICAE.
Estas propuestas, que ADICAE expuso en la Subcomisión del Congreso de los Diputados creada en la anterior legislatura para abordar las posibles reformar precisas en el mercado hipotecario, fueron remitidas también a los grupos parlamentarios en diversas versiones, y dieron lugar a proposiciones de Ley y no de Ley en el Congreso y el Senado e incluso a Iniciativas Legislativas Populares.
Además ADICAE considera, y así se lo ha hecho saber al ministro, que es preciso aprobar una dación en pago ‘a la española’ que consistiría, básicamente, en los siguientes puntos:
1.Posibilidad de defenderse ante un procedimiento de embargo o ejecución hipotecaria, determinando como motivos de oposición a la ejecución hipotecaria abusos y malas prácticas bancarias.
2.Cambios efectivos en las subastas derivadas de los procesos de ejecución hipotecaria para que la adjudicación de la vivienda al banco se realice por una cantidad no inferior al 80% del valor de la tasación determinado en la escritura de constitución de hipoteca.
3.Modificacion de la actual regulación, que deja una deuda perpetua, absurda e innecesaria tras la entrega de la vivienda a la entidad.
4.Limitación de los intereses de demora.
5.Regulación de las desproporcionadas costas judiciales.
Solución al sobreendeudamiento familiar
Manuel Pardos recuerda que, desde ADICAE, “intentamos también que la Ley Concursal, en su última y reciente reforma, incorporase algunas medidas que permitiesen mejorar la posición actual. Proponíamos la creación de un proceso concursal específico que daría a los consumidores una segunda oportunidad para recuperarse económicamente y permitiría a los jueces mayores facultades para tratar de renegociar o aplazar la deuda”.
Propuestas de regulación de otros graves problemas hipotecarios, como las “cláusulas suelo” hipotecarias
Por último el presidente de ADICAE ha transmitido a Luis de Guindos la preocupación de nuestra asociación por el problema generado en relación a las “cláusulas suelo” hipotecarias, que ha motivado la interposición por parte de nuestra organización de una demanda colectiva que agrupa a más de 15.000 consumidores.
Frente a una práctica que, en determinados supuestos, constituye sin lugar a dudas un abuso que rompe el necesario equilibrio entre las partes, ya en 2010 ADICAE logró que el Senado, a través de una proposición de Ley presentada por el grupo parlamentario popular, debatiera su posible regulación. “Si bien finalmente la proposición decayó, lo hizo con promesas del grupo parlamentario mayoritario en aquel momento de retomar el debate y la discusión de medidas en el siguiente ejercicio parlamentario, y no habiéndose llevado a cabo nos permitimos requerirle para hacer cuanto esté en su mano para solucionar este problema que asfixia mensualmente a los hipotecados en España”, anhela Manuel Pardos.
Además de enviar toda la documentación y las propuestas indicadas el ministro de Economía, ADICAE también ha enviado una copia a la Oficina Económica del Presidente, al Ministerio de Fomento dadas sus competencias en política de vivienda, a la Presidencia del Instituto Nacional de Consumo (Secretaría General de Salud y Consumo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad), a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia (dadas sus funciones en relación a reformas como las de la Ley Concursal) y al conjunto de los grupos parlamentarios.
