La propuesta de la Comisión Europea supondría un avance muy significativo para la liberalización de las finanzas

En su estado actual, la norma no garantizaría una adecuada protección de inversores y consumidores

El pasado 24 de mayo, la Comisión Europea lanzó una propuesta de paquete normativo conocido como “Paquete de inversión minorista” compuesto por una Directiva ómnibus y un Reglamento Delegado que pretenden modificar por completo los mercados de capitales.

La propuesta, no obstante, ha sido muy madurada. La Comisión Europea, por encargo del Parlamento y el Consejo europeos, ha estado trabajando desde finales del año 2020 en un paquete legislativo que una a los mercados de capitales europeos (UMC).

Citando palabras la propia Comisión, el paquete de inversión minorista “da prioridad a los intereses de los consumidores en esta materia. Se trata de capacitar a los inversores minoristas (es decir, los inversores «consumidores») para que tomen decisiones de inversión que se ajusten a sus necesidades y preferencias, garantizando que reciban un trato justo y con la protección debida”.

Además, siguiendo el argumentario de la Comisión, el paquete normativo pretende aumentar la transparencia, abordar posibles conflictos de intereses en la distribución de productos de inversión, proteger a los inversores minoristas frente a la mercadotecnia engañosa y capacitar a los consumidores para que tomen mejores decisiones financieras. Todos ellos, objetivos loables y bienintencionados.

La Comisión, por primera vez, parece reconocer una de las reclamaciones históricas de ADICAE, la figura de inversor consumidor y, además, incluye referencias explícitas a la educación financiera de los consumidores. ¡Esto es maravilloso!, ¿qué podría salir mal?

Un lobo con piel de cordero

Todo aquel que haya decidido disfrutar leyendo las propuestas del paquete de inversión minorista del perfecto engranaje jurídico denominado Comisión Europea, se dará cuenta rápidamente de algún detalle que le llamará la atención.

¿Cómo es posible que se haga referencia a la figura de inversor consumidor si no se modifica la estructura de tipos de inversores actual?, ¿Por qué la educación financiera apenas tiene cabida en la norma y se cede sus competencias a los estados miembros sin establecer objetivos claros y medibles? La respuesta es muy clara. Meras florituras.

La respuesta puede parecer algo dura, pero si se lee con detenimiento las consideraciones previas de la Comisión e incluso el memorando que acompaña a la propuesta de Directiva, se pueden vislumbrar motivaciones de índole bien distinta a las promulgadas por la Comisión.

En estos documentos, la Comisión afirma con seguridad que el nivel de ahorro de los hogares europeos se encuentra en máximos tras los efectos que supuso para la economía los confinamientos que tuvieron lugar durante la pandemia. Argumento que es perfectamente válido para aquellos consumidores que conservaron su empleo y no se vieron afectados por medidas laborales que redujeran su capacidad económica. Esto, en definitiva, se tradujo en un aumento de sus ahorros al no disponer de opciones lúdicas a las que destinar sus ingresos.

Los preámbulos, no obstante, van mucho más allá. Se compara la participación de los pequeños inversores europeos con las de sus pares internacionales. Como no podía ser de otra forma, los preámbulos identifican correctamente que los pequeños inversores europeos participan en un porcentaje mucho menor en los mercados de capitales (17%) frente a sus homólogos estadounidenses. (43%). No obstante, no identifica (o ignora) el principal motivo que provoca este abismo. El sistema de bienestar europeo. Es comprensible que los pequeños hogares de los EE.UU. se vean obligados a asumir más riesgos para rentabilizar sus ahorros con ánimo de obtener réditos ante una eventualidad futura.

Recordemos que el sistema de bienestar nos garantiza el acceso a la sanidad y educación públicas entre otros innumerables derechos a través de contribuciones que minoran nuestros sueldos en forma de impuestos en beneficio de todos nosotros. Los ciudadanos estadounidenses disfrutan de menos impuestos a cambio de no tener cubiertas estas eventualidades y este y no otro, es un gran incentivo para intentar rentabilizar al máximo sus ahorros, asumiendo mayores riesgos.

Podríamos entrar en muchos más detalles, pero estos en si ya son lo suficientemente significativos para afirmar cuál es el objetivo final de la propuesta: la incorporación de los ahorros de los consumidores a los mercados de capitales, un claro viraje al liberalismo económico imperante en EE.UU. y, en definitiva, la liberalización absoluta de las finanzas.

A pesar de que hay determinados apartados del paquete normativo que parecen hacer un guiño al consumidor o incluso velar por sus derechos, la propuesta pierde su esencia cuando se percibe el objetivo ya mencionado. En este aspecto, ni la legislación vigente, ni la propuesta de la Comisión van a ser capaces de defender los derechos de los consumidores en un mercado repleto de agujeros normativos y cuyos supervisores se encuentran con las manos atadas en el mejor de los casos.

Entonces, ¿la propuesta va a ser definitiva?

Si por algo se caracteriza la Comisión Europea es por los sucesivos períodos de consultas públicas en los que diferentes actores de la economía (o ciudadanos de la Unión) pueden realizar sus aportaciones al respecto. Concretamente, el pasado mes de agosto, ADICAE ya presentó unas argumentaciones que pretenden cambiar aquellos aspectos de la norma que podrían ser más lesivos para los consumidores.

Hasta ahora los cambios que ha sufrido a lo largo de su tramitación no han sido nada halagüeños. Hemos pasado de un “no” rotundo de la Comisión a los incentivos en la comercialización de productos de inversión, a un “no, pero…”, por lo tanto, es muy probable que el lobby financiero siga ejerciendo presiones para reconducir las reformas hacia escenarios más favorables para sus intereses.

La Comisión, por su parte, debe reconsiderar el espíritu de la norma. Los consumidores deben poder acceder a los mercados de capitales si así lo desean, poseen una mínima formación financiera y son advertidos fielmente de los riesgos inherentes a cada tipo de inversión. Unas premisas que no quedan garantizadas ahora mismo.

Respecto a la Educación Financiera, incluida con calzador en la propuesta, caerá en el olvido si no incorpora un plan integral para los Estados miembros con objetivos medibles y cuantificables. En este sentido, desde la asociación consideramos fundamental incorporar la Educación Financiera a los centros educativos y que los Estados miembros lleguen a acuerdos con entidades sociales (o sin conflictos de intereses con la norma) que puedan asumir el reto y el compromiso de formar financieramente a los consumidores para que estos consigan acceder de forma segura a los mercados de capitales.