Centros Ideal, cómo actuar frente a un nuevo caso de desplante a los consumidores

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ADICAE informa a los afectados del cierre de Centros Ideal que son varios los motivos que darían pie a una reclamación, como mala praxis, incumplimiento de contrato, etc.

Todas las personas que hayan visto paralizados sus servicios contratados, tienen derecho a la devolución de las cantidades abonadas de la parte del tratamiento no realizada, aunque se deberá tener en cuenta la forma en la que cada consumidor haya decidido financiar los tratamientos contratados con los Centros Ideal.

Los consumidores que hayan financiado el tratamiento con un contrato vinculado con una entidad financiera pueden pedir la devolución del importe abonado por servicios no prestados y la reclamación de cuotas ante la entidad financiera con la que hubiese suscrito el contrato de crédito, siempre y cuando se haya dejado de prestar de forma efectiva el servicio y se haya reclamado previamente de forma judicial o extrajudicial a Centros Ideal.

Por otro lado, los consumidores que hayan financiado el tratamiento con un préstamo personal no vinculado directamente a un tratamiento con Centros Ideal deben deberían avisar a la entidad financiera para modificar el contrato y evaluar el pago de las cuotas pendientes.

Finalmente, aquellos consumidores que hayan pagado por adelantado la totalidad del tratamiento tienen derecho a solicitar por vía judicial la devolución de los importes abonados por los servicios no prestados.

Recomendamos a los consumidores recopilar toda la documentación de la que pudieran disponer sobre sus tratamientos, desde la publicidad inicial, los presupuestos previos y contratos y, si la situación derivase en una reclamación, una copia de su historial clínico.

ADICAE considera que los bancos tienen poco que celebrar en su día debido al maltrato sistemático al que abocan a muchos consumidores

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La desatención a los clientes senior, el escasísimo ofrecimiento y publicidad de la cuenta de pago básica y la despoblación financiera, los principales debes de la banca

El 19 de diciembre de 2019, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 74/245, que designaba el 4 de diciembre como el Día Internacional de los Bancos en reconocimiento al importante potencial de estas entidades para mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. Evidentemente, las carencias detectadas por Adicae en los servicios financieros para con nuestros mayores, personas en riesgo de exclusión social o que viven en zonas rurales no contribuyen en absoluto a la consecución de dichos objetivos.

En relación a la primera cuestión, y según estudios propios de la asociación, el 74% de los consumidores no conocen el protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca y más del 90% no ha recibido ningún tipo de formación financiera por parte de los bancos.

Respecto a la cuenta de pago básica, la cual sólo puede ser contratada por los colectivos más vulnerables, es preciso recordar que todos los bancos que comercializan cuentas corrientes están obligados a ofrecer una cuenta de pago básica desde el 23 de abril de 2019 a aquellas personas que por su precaria situación lo requieran. La realidad que denunciamos en ADICAE: no se está publicitando a los clientes más que con una breve reseña en la web, la tenencia de una cuenta corriente previa impide la contratación de una básica y, además, la documentación a aportar para demostrar la condición de vulnerabilidad es excesivamente compleja para el usuario al que va destinada dicha cuenta.

En cuanto a la “despoblación financiera” ADICAE resalta los alarmantes datos que diversos informes han puesto sobre la mesa: el BdE reconoce que durante la primera mitad de este año se ha cerrado una sucursal cada dos días, es decir, 120 establecimientos menos sólo en el primer semestre. Desde junio de 2018 hasta el término del primer semestre de 2023 la pérdida es del 40% de las sucursales. Si nos vamos más atrás, desde el máximo logrado en 2008, la pérdida se acerca al 60% (según datos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas). A este respecto, la llamada “España vacía” también es la que encabeza esta “despoblación financiera”, siendo Castilla y León la triste campeona de este ranking, según este mismo informe.

Por todo ello, Adicae propone: 1) una moratoria en el cierre de oficinas y cajeros para garantizar la calidad del servicio a los clientes; 2) garantías de accesibilidad a los servicios bancarios, en especial para los consumidores de mayor edad; 3) mantenimiento de los servicios financieros en zonas rurales que aseguren una prestación digna a los usuarios de banca de estos lugares; 4) promover la formación financiera real y práctica a los clientes que lo necesiten desde las propias entidades financieras, entre otras cuestiones.

ADICAE valora positivamente la continuidad de los impuestos a la banca y a las energéticas y confía en que lo recaudado revierta en políticas favorables a los consumidores

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La asociación, como en anteriores ocasiones, vigilará que estos gravámenes no sean repercutidos finalmente a los ciudadanos

ADICAE considera una buena decisión la adoptada por el nuevo gobierno de España de dar continuidad a los impuestos a la banca y a las energéticas que se inició hace año y medio y, más aún, el hecho de hacerlo permanente en el caso de las grandes compañías eléctricas.

En lo que concierne a las entidades financieras, y como la propia asociación ha podido verificar (a falta de los datos del último trimestre) entidades como el Banco Sabadell, Bankinter o CaixaBank ya acumulan más beneficios en nueve meses que en todo el ejercicio 2022, todo ello a pesar de haber liquidado el impuesto temporal del que tanto se quejaba la banca española. BBVA o Santander aún no han llegado a este punto, pero los datos recopilados hasta ahora permiten aventurarnos a afirmar que batirán récords de resultados también.

Por lo tanto, y a la vista de estos balances, ADICAE puede afirmar que las entidades bancarias no sufren apenas por este impuesto que resulta claramente insignificante para su solvencia pero que, al menos, palia la deuda moral que aún mantiene el sistema financiero español para con los consumidores, al deber aún a la ciudadanía más de 50.000 millones de euros de la anterior crisis.

ADICAE también valora de forma positiva la continuidad y la permanencia en la aplicación del impuesto a las grandes energéticas. A pesar de las declaraciones de algunas compañías, patronales y asociaciones de este sector que durante los días previos a este Consejo de ministros ha pretendido chantajear al Ejecutivo arguyendo una supuesta falta de “estabilidad fiscal” el impuesto ha sido prorrogado; eso sí, con la modificación de Ley General de Presupuestos para que estas empresas se puedan deducir en 2024 las inversiones vinculadas con proyectos industriales y de descarbonización. Algo que ADICAE espera se traduzca en precios de la energía más reducidos para los usuarios españoles al ser la energía verde mucho más barata de producir que la que proviene del carbón o de la quema de gas.

Por todo ello, ADICAE seguirá apoyando todas aquellas medidas que, independientemente de quien las lleve a cabo, amparen, amplíen, favorezcan o defiendan los derechos de los consumidores de nuestro país.

Para cualquier asunto relacionado a la nota de prensa pueden contactar con el teléfono 607261951 o bien a través del email prensa@adicae.net

ADICAE considera un chantaje la presión de las empresas eléctricas al gobierno para la retirada del impuesto a las energéticas

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La asociación estará vigilante para que no sean los consumidores quienes asuman ese impuesto.

ADICAE (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros) considera que las declaraciones de algunas empresas energéticas recogiendo la falta de “estabilidad fiscal” supone un chantaje al Gobierno. Por su lado, la patronal AELEC (Iberdrola, Endesa, EDP) y la Asociación de empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) han remitido una carta al Ministerio de Transición Ecológica en la que advierten que continuar con este impuesto va a suponer un encarecimiento de la factura de la luz de los consumidores.

Tratar de hacer creer que gravar con un 1,2% el volumen total de las ventas de las empresas que superen los 1.000 millones de facturación va a suponer una gran inestabilidad a las empresas energéticas es algo totalmente fuera del mundo real, tratando de enmascarar una búsqueda de un beneficio exacerbado. Y las cifras que arrojan las principales grandes empresas energéticas lo avalan.

En 2023, una empresa como Repsol, ha ganado hasta septiembre un total de 2.785 millones de euros netos (una de las cifras más abultadas desde su creación), mientras amenaza con trasladar proyectos a otros países en caso de no eliminar este impuesto. En 2022 la cifra de beneficio ascendió hasta los 4.251 millones de euros netos, es decir, un 70% más que en 2021. Iberdrola, por su parte, llegó a septiembre de 2023 con 3.640 millones netos de beneficio en sus cuentas. 4.339 son los millones de beneficio con los que cerró 2022 esta empresa.

En los tres primeros meses de 2023, Naturgy obtuvo un beneficio operativo de 2.849 millones de euros, lo que representa un aumento del 39% con respecto al mismo período del año anterior. Además se estima que la empresa energética alcanzará un beneficio bruto de explotación de 5.400 millones de euros durante el transcurso del año 2023. El resultado bruto de explotación de Endesa asciende a 3.353 millones de euros en los nueve primeros meses de 2023. Mientras, en 2022, aumentaba un 26% sus beneficios respecto al año anterior, hasta los 2.398 millones netos. Datos que consolidan el sólido crecimiento alcanzado en 2022. Con los datos de la CNMC en la mano las empresas energéticas cerraron 2022 con un superávit por encima de los 6.000 millones de euros.

Tras el anuncio por parte del Gobierno de continuar con este impuesto y de aprobar deducciones fiscales para aquellos proyectos enfocados en la sostenibilidad, desde ADICAE reclamamos dos tareas al Ejecutivo: realizar una comprobación exhaustiva de las acciones de las empresas que se acojan a dichas deducciones para comprobar que, efectivamente, se corresponden con lo establecido, y mantener una vigilancia activa asegurando los derechos de los consumidores para que las energéticas no trasladen este coste a los usuarios en su factura de la luz.

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