ADICAE considera un chantaje la presión de las empresas eléctricas al gobierno para la retirada del impuesto a las energéticas

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La asociación estará vigilante para que no sean los consumidores quienes asuman ese impuesto.

ADICAE (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros) considera que las declaraciones de algunas empresas energéticas recogiendo la falta de “estabilidad fiscal” supone un chantaje al Gobierno. Por su lado, la patronal AELEC (Iberdrola, Endesa, EDP) y la Asociación de empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) han remitido una carta al Ministerio de Transición Ecológica en la que advierten que continuar con este impuesto va a suponer un encarecimiento de la factura de la luz de los consumidores.

Tratar de hacer creer que gravar con un 1,2% el volumen total de las ventas de las empresas que superen los 1.000 millones de facturación va a suponer una gran inestabilidad a las empresas energéticas es algo totalmente fuera del mundo real, tratando de enmascarar una búsqueda de un beneficio exacerbado. Y las cifras que arrojan las principales grandes empresas energéticas lo avalan.

En 2023, una empresa como Repsol, ha ganado hasta septiembre un total de 2.785 millones de euros netos (una de las cifras más abultadas desde su creación), mientras amenaza con trasladar proyectos a otros países en caso de no eliminar este impuesto. En 2022 la cifra de beneficio ascendió hasta los 4.251 millones de euros netos, es decir, un 70% más que en 2021. Iberdrola, por su parte, llegó a septiembre de 2023 con 3.640 millones netos de beneficio en sus cuentas. 4.339 son los millones de beneficio con los que cerró 2022 esta empresa.

En los tres primeros meses de 2023, Naturgy obtuvo un beneficio operativo de 2.849 millones de euros, lo que representa un aumento del 39% con respecto al mismo período del año anterior. Además se estima que la empresa energética alcanzará un beneficio bruto de explotación de 5.400 millones de euros durante el transcurso del año 2023. El resultado bruto de explotación de Endesa asciende a 3.353 millones de euros en los nueve primeros meses de 2023. Mientras, en 2022, aumentaba un 26% sus beneficios respecto al año anterior, hasta los 2.398 millones netos. Datos que consolidan el sólido crecimiento alcanzado en 2022. Con los datos de la CNMC en la mano las empresas energéticas cerraron 2022 con un superávit por encima de los 6.000 millones de euros.

Tras el anuncio por parte del Gobierno de continuar con este impuesto y de aprobar deducciones fiscales para aquellos proyectos enfocados en la sostenibilidad, desde ADICAE reclamamos dos tareas al Ejecutivo: realizar una comprobación exhaustiva de las acciones de las empresas que se acojan a dichas deducciones para comprobar que, efectivamente, se corresponden con lo establecido, y mantener una vigilancia activa asegurando los derechos de los consumidores para que las energéticas no trasladen este coste a los usuarios en su factura de la luz.

No era momento para revisar el impuesto a la banca

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ADICAE constata que el gravamen temporal no ha impedido que las entidades alcancen beneficios récord

A pesar de los resultados, las entidades españolas siguen a la cola en las ratios de solvencia CET1

Las ultimas semanas han acumulado un importante ruido mediático en torno a una hipotética revisión de los impuestos extraordinarios a la banca y al sector energético. Tras un intenso debate político se ha decidido no modificar (de momento) el impuesto al sector financiero.

El gravamen temporal tiene como objetivo las sumas de ingresos por intereses y comisiones por importes superiores a 800 millones de euros de acuerdo con la normativa contable del ejercicio 2019, y resultaría pagadero durante los ejercicios 2023 y 2024. No conocemos que datos maneja el Ministerio o el BCE para el 2024 pero los datos de 2023 son muy elocuentes.

Sin conocer los datos del último trimestre del ejercicio, Banco Sabadell, Bankinter o CaixaBank ya acumulan más beneficios en 9 meses que en todo el ejercicio 2022, todo ello a pesar de haber liquidado el impuesto temporal. BBVA o Santander no han llegado a este punto, pero los datos recopilados hasta ahora permiten aventurarnos a afirmar que batirán récords de resultados.

El comportamiento en bolsa de las cotizadas españolas también ha resultado excepcional. Tras varios años de una evolución más que deficiente, las acciones de las cotizadas han duplicado o triplicado su valor si tomamos como punto de partida el inicio del ejercicio 2021. Tres años de un “rally” bursátil que todavía no parece haber finalizado.

A pesar de todas estas buenas noticias para el sector, las grandes firmas españolas encabezan el vagón de cola de la ratio CET1 “fully loaded”. Esta ratio de capital está compuesta por el capital básico (acciones y reservas), al que se añaden también las participaciones preferentes y otros instrumentos híbridos. Este hecho no implica que se vaya a producir una insolvencia o que las entidades estén mal gestionadas, pues cumplen con los mínimos exigidos del BCE, pero esto nos hace preguntarnos ¿por qué no aprovechar estos datos históricos para apuntalar la solvencia y equipararla a la media europea? Comparativa ratio CET1

Mucho se ha hablado sobre el impuesto y sus repercusiones, pero con los datos sobre la mesa se puede apreciar que el impacto sobre las cuentas de las principales entidades nacionales ha sido ínfimo y que el impuesto ha sido utilizado por las entidades como excusa para evitar remunerar los depósitos o mejorar las condiciones de los consumidores hipotecados.

ADICAE ya valoró en su día positivamente la aplicación del impuesto temporal pues, como se está demostrando, no va a afectar a la viabilidad ni a los resultados de las entidades financieras. El impuesto está concebido como un “acto de solidaridad” de quienes más se han beneficiado del contexto macroeconómico con quienes más lo han sufrido. Por este motivo, la asociación seguirá solicitando que los importes recaudados por el impuesto temporal se trasladen íntegramente a políticas destinadas a los consumidores y usuarios.

No sabemos que deparará el primer trimestre del próximo año, pero plantearse la posibilidad de revisar el impuesto con los datos actuales resultaba cuanto menos precipitado.

Los grandes bancos españoles remuneran sus depósitos en Europa muy por encima de lo que ofertan en España

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La concentración del sector y la alta liquidez obtenida a través de las líneas TLTRO III claves en esta paradoja

Un reciente análisis de ADICAE demuestra prácticas cuestionables, así como un mercado muy fragmentado por países

En un año de récords de cotización y resultados las principales firmas españolas apenas ofertan depósitos entre los consumidores españoles. Ya son varias las ocasiones en las que el BCE o el Ministerio Economía han llamado la atención a estas entidades por esta anomalía, pero salvo leves movimientos, las entidades más representativas permanecen a la espera.

De las firmas cotizadas, tan sólo CaixaBank ha respondido a estos requerimientos ofertando entre sus clientes un depósito al 1% TAE anual bonificable hasta un 2% cumpliendo una serie de requisitos, como la contratación de seguros de vida, salud y/o hogar, contratación de una alarma o domiciliando ingresos superiores a 600€ durante 6 meses.

BBVA también ha movido sus cartas ofertando un depósito al 2,75% TAE. No obstante, esta oferta no figura en la página web de la entidad ni es accesible para los consumidores sin el beneplácito o consentimiento de la entidad. Sólo se oferta entre clientes seleccionados.

El resto del sector sí que ha mostrado más interés por la comercialización de un producto de ahorro básico, motivados tanto por el mandato implícito del BCE como por la necesidad de ampliar su participación en un mercado altamente concentrado.

La oferta, no obstante, puede resultar engañosa pues presenta en muchas ocasiones prácticas de venta cruzada, alta vinculación o la necesidad de contratar fondos de inversión para acceder a las rentabilidades prometidas.

Al otro lado de la frontera, la situación es bien distinta. BBVA, Banco Sabadell o Santander tienen grandes intereses económicos en otros países europeos. Su menor cuota de participación en estos mercados les obliga a ofertar este tipo de producto para ampliar su red de clientes. De esta forma, alguna de estas entidades llega a ofertar depósitos con rentabilidades que superan el 4% TAE e incluso llegan al 5% TAE en algunos supuestos. Una práctica que produce un agravio comparativo entre los consumidores españoles y los del resto de países en los que operan estas entidades.

La oferta europea se encuentra muy fragmentada y varía mucho de un país a otro en función de sus circunstancias particulares, pero la totalidad de los países analizados presentan algo en común, la agitación del mercado por parte de las entidades puramente digitales.

El nivel de educación financiera de los consumidores españoles también juega un papel crucial en su contra. El miedo o el recelo a cambiar de entidad financiera para obtener una mejor oferta o trato, o el envejecimiento de la población y su exclusión hacia canales eminentemente digitales permiten que las entidades maltraten a sus clientes sin repercusiones aparentes.

Accede al análisis de ADICAE y a la oferta de depósitos nacional y europea a clicando sobre esta frase o en la siguiente imagen:

ADICAE solicita una moratoria hipotecaria para evitar nuevas ejecuciones hipotecarias para deudores de buena fe

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9 de cada 10 familias esta fuera de la red de protección del Código de Buenas Prácticas

El nuevo Código de Buenas Prácticas pactado por el Gobierno y las entidades bancarias para proteger a los deudores hipotecarios de clase media en riesgo de vulnerabilidad y la reforma del anterior código que daba protección a los deudores sin recursos no ha cumplido las expectativas generadas en las que el Gobierno indicaba en grandes titulares que se podrían beneficiar un millón de personas.

En la información facilitada recientemente por el Banco de España se ha indicado que de las 42.800 solicitudes presentadas solo se han podido acoger al CBP 3.825 personas, en datos estadísticos, esto supone que se han aprobado un 9% de las solicitudes, se han rechazado un 41% y se encuentran en proceso de trámite un 50%. Solo 1 de cada 10 deudores hipotecarios ha podido beneficiarse de esta red de protección, el resto se ve abocado al sobreendeudamiento o incluso a la ejecución hipotecaria.

ADICAE, que desde la burbuja inmobiliaria de 2008 ya planteó que era necesaria una moratoria para todos los deudores de buena fe que tuvieran problemas para el pago de sus cuotas hipotecarias, siempre ha mantenido que el CBP no era la solución. Como ya se expresó en el año 2012, el CBP es excesivamente restrictivo para ser una solución real para las familias con problemas de pago de sus cuotas hipotecarias y las medidas incluidas el año pasado no han venido a atajar el problema de fondo.

Es necesario que se dé curso lo antes posible a las más de 20.000 solicitudes que están pendientes de contestación para que las familias puedan acogerse al CBP lo antes posible

En el mes de julio del año pasado comenzaron a producirse subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo con una clara intención de contener la inflación. Casi automáticamente estas subidas de tipos de interés se trasladaron a los índices de referencia hipotecarios, siendo el más conocido el Euribor, que comenzó su escalada hasta cerrar el pasado mes de octubre en el 4,16%.

Las hipotecas que más se han visto afectadas son las de reciente constitución que han visto duplicar su cuota hipotecaria. A este gasto familiar, además, hay que añadir el aumento del precio del gasoil, de los alimentos, de la energía…, todo ello ha descompensado las cuentas familiares y puede ser el origen de una nueva crisis hipotecaria e inicio de procesos de ejecución que, de momento, solo se está frenando debido a que las familias mantienen sus trabajos y pueden ir haciendo frente, con grandes sacrificios a los pagos más importantes. El trabajo es lo único que diferencia esta situación de la crisis del 2008.

Por otro lado, también nos encontramos con familias que a duras penas han logrado salir de la anterior crisis; que tiene una deuda muy elevada, una vivienda infravalorada, condiciones abusivas, etc., y que se encuentran con una nueva subida de tipos de interés y de precios que les está resultando imposible asumir.

Lamentablemente, en ambos perfiles nos encontramos con casos en los que los deudores o las unidades familiares no cumplen algún requisito del CBP: superan el importe de compra (bastante normal en grandes ciudades), comparten propiedades heredadas con hermanos, tienen hijos que no son deudores, pero como trabajan y conviven, se les tiene en cuenta para la concesión del código, están empadronados en la vivienda familiar, pero no viven en ella, etc. En el momento en que estas situaciones se generalizan, la norma no cumple con los objetivos para los que se creó.

ADICAE lamenta que el año pasado no se tuviera en cuenta a los representantes de los consumidores como una parte negociadora más en el proceso de ampliación y creación de los códigos, puesto que nuestra experiencia habría ayudado a mejorar las condiciones de acceso para el 41% de expedientes rechazados.

La variación que se ha producido en los dos últimos años supone pagar más de 4.000€ al año de hipoteca. Teniendo en cuenta una hipoteca media de 150.000€ con un vencimiento de 25 años y un tipo de interés de Euribor más un diferencial de 1 puntos, hace dos años la cuota habría sido de 533€, el año pasado de 761€ y este año es de 890€. Este aumento de más de 300€ es prácticamente imposible de asumir por una familia media por un largo periodo de tiempo.

A pesar de que el Banco Central Europeo en su última reunión consideró que no era el momento de una nueva subida del precio del dinero, establecido en el 4,5% el pasado 20 de septiembre, no indicó que esta fuera la última subida. De momento esta noticia esta mantenido las medias del Euribor diario por debajo del 4,05%, lo que el mes que viene puede dar un pequeño respiro, lamentablemente, casi inapreciable.

ADICAE reclama con urgencia una moratoria para los deudores hipotecarios de buena fe y exige a las entidades financieras que se abstengan de usar estratagemas para hacer firmar a sus clientes fórmulas de carencias y novaciones con peores condiciones de las que firmaron en sus contratos.

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