El Presidente de la Asociación, Manuel Pardos, ha participado en la Jornada de presentación de la Memoria junto con personalidades del mundo jurídico y financiero.

El Banco de España ha presentado en el día de hoy, en la sede de Madrid, su Memoria de Reclamaciones correspondiente al año 2022, en la que han tramitado algo más de 34.000 reclamaciones. A estas jornadas han acudido, a parte del señor Pardos, Presidente de la asociación de consumidores ADICAE, María José Segarra (Fiscal del Tribunal Supremo y coordinadora de los servicios especializados en protección de las personas con discapacidad y atención a los mayores), el Pedro Baena (Director del área de Economía y Hacienda del Defensor del Pueblo), un representante de ASNEF (Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito), de UNACC (Unión Nacional de Cooperativas de Crédito), además de ponentes del Banco de España y otras personalidades.

Manuel Pardos planteó a la mesa la cuestión sobre la conciliación de las funciones del Banco de España, como órgano supervisor, y la creación de una figura como una agencia de resolución de conflictos entre consumidores y entidades, con carácter vinculante, que tiene características extrajudiciales al modo europeo, con la tramitación final y aprobación de la Ley para la creación de la Autoridad Independiente para la Defensa del Cliente Financiero.

De la misma manera, Pardos reclamó la creación de un organismo consultivo perteneciente al Banco de España para los consumidores en materias económico-financieras.

Además de estos temas, se ha tratado la capacidad resolutiva de los Servicios de Atención a la Clientela, cuyo funcionamiento está aún pendiente de legislar mediante la Ley por la que se regulan los Servicios de Atención a la Clientela, en suspenso actualmente por la convocatoria anticipada de elecciones, tras año y medio de debate. De esta manera se podría conseguir que estos servicios sean un mecanismo efectivo para la presentación de las reclamaciones de los consumidores.

Intervención de Manuel Pardos, presidente de ADICAE:

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A pesar de haberse regulado el mercado de vivienda a través de la famosa “Ley de Vivienda” que entró en vigor el pasado mayo, los propietarios junto con las inmobiliarias continúan aumentando el precio de los alquileres aceleradamente, mientras que otros inventan otras maneras de evitarla por la existencia de vacíos legales.

Desde Adicae consideramos que le Ley de Vivienda, a día de hoy, dista mucho de ser un instrumento eficaz que ampare de manera efectiva los derechos de los consumidores inquilinos. Así pues, en mercados residenciales tensionados donde la ley aprobada asegura que “la renta pactada al inicio del nuevo contrato no podrá exceder de la última renta del contrato de arrendamiento de vivienda habitual que hubiese estado vigente en los últimos 5 años en la misma vivienda” nos encontramos con que todavía no están determinadas estas zonas tensionadas y, por lo tanto, se dejan sin efecto las disposiciones legales que amparan al inquilino en estas zonas.

Se están produciendo evitaciones por parte de algunos propietarios (amparados en tremendos vacíos legales de la misma) para burlar articulados dirigidos “a favor del consumidor”, como el hecho de alquilar habitaciones a diferentes personas en una misma vivienda o alquilar por 11 meses sin tener que cumplir el período anual son habituales en el día a día.

A este respecto, hay que recordar que el hecho de vivir en una habitación de una vivienda compartida y no en un piso independiente es una de las opciones más elegidas por los consumidores para sufragar el excesivo aumento del precio del alquiler, o bien, para hacer frente a un aumento desorbitado del euríbor que ha generado incrementos de miles de euros anuales en las cuotas hipotecarias. Este aumento de demanda deriva en un aumento de oferta, esquivando así la Ley de Vivienda. Por ejemplo, el precio medio de una habitación a nivel nacional se encuentra en 445. En las ciudades con mayor población (es decir, en mercados residenciales tensionados) el precio medio se dispara, como en el caso de Barcelona, siendo esta cifra de 590€ por habitación y mes. En otras ciudades como Madrid, Bilbao o Pamplona se superan los 500€ por este mismo concepto.

Es altamente peligroso invertir en una hipoteca, o en el pago de la renta de una vivienda (o de una habitación como en este caso) más del 30 o 35% de la renta mensual que se percibe, por lo que, en todos estos casos, estamos hablando de que las personas que contratan estas habitaciones tendrían que tener sueldos holgadamente por encima de los 1.500€ netos mensuales algo que no sucede en la mayoría de los casos.

Otra de las lagunas legales que Adicae denuncia radica en cómo la ley no permite al propietario echar de la vivienda al inquilino en un plazo de 5 años, el problema viene como excepción a continuación: “a no ser que se destine como vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial”. Y esto debe comunicarse al inquilino con, al menos, dos meses de antelación. Como el propietario no se ve obligado a justificar este hecho de manera fehaciente al arrendatario, éste se ve impelido a abandonar la finca. Muchas veces estos hechos son ficticios, una excusa perfecta para vaciar la vivienda. Tras los tres meses en los que el propietario se queda la vivienda, ya la tiene disponible para alquilarla al precio que más le interese. Una argucia que, sin pretenderlo, la ley ampara por falta de previsión.