«En mayo de 2015, el margen bruto promedio de la gasolina 95 en España fue superior en 5,9 c€/lt al indicador correspondiente de la UE-6», el grupo de los seis principales países europeos consumidores de carburante en la Unión Europea. «Con respecto al gasóleo A, la diferencia disminuyó hasta los 5,0 c€/lt». La CNMC resume de esta manera, en su informe de junio de 2015 sobre el precio de los combustibles de automoción -último disponible-, un fenómeno que se repite mes a mes durante los últimos años y que está detrás del precio de las gasolinas, muy superior a lo debido.
En síntesis, se trata de que los consumidores pagamos a 1,28 euros el litro de gasolina y a casi 1,2 el de diésel fundamentalmente porque las petroleras se llevan por cada litro de carburante entre 5 y 6 céntimos más de lo que deberían si ajustaran sus márgenes a los del resto de los países de nuestro entorno. La CNMC recuerda que los impuestos a la gasolina en España son bajos en relación al resto de Europa, y que, sin embargo, somos los segundos que más pagamos por el carburante antes de impuestos.
Teniendo en cuenta que, según la última encuesta de presupuestos familiares del INE, una familia española consume al año unos 1.000 litros de gasoil o diesel –equivalente a 20 euros semanales–, cada hogar se ahorraría entre 5 y 6 céntimos por litro, es decir, alrededor de 50 euros anuales. O dicho de otro modo: en cada repostaje medio semanal nos ahorraríamos 1 euro, siempre que las compañías no pecaran de usura.
La cuestión es que, desde 2009, los precios han subido un 40% tanto para gasolina como para diésel. Durante los meses de mínimos en el precio del petróleo estas tarifas parecieron moderarse, pero nuevamente han vuelto a subir a lo largo de este año 2015, dentro de lo que la propia CNMC denomina «efecto pluma»: la gasolina se dispara en cuanto el petróleo se encarece, pero cuando la materia prima baja de precio no se refleja en la misma proporción en las estaciones de servicio.
El regulador reconoce que la competencia en el sector no es satisfactoria, a pesar de que los recientes cambios normativos han mostrado ciertos avances en la competencia en el mercado minorista de estaciones de servicio.
Repsol, Cepsa y BP, culpables
La propia CNMC pone nombres a los responsables de este grave perjuicio a la sociedad: Repsol, Cepsa y BP. Las tres grandes, bajo su múltiple y perversa condición de productores y distribuidores –controlan 3 de cada 4 puntos de venta–, dominan toda la cadena de valor, impidiendo la aparición y expansión de nuevos operadores. Pese a ello, las estaciones de servicio independientes establecieron los PVP más bajos.
La CNMC no deja lugar a la duda al lanzar una batería de recomendaciones dirigidas a “mejorar la competencia en beneficio de los consumidores y empresas en España” y, así, “reducir el poder de mercado de los operadores con capacidad de refino”. Por ejemplo, el informe denuncia que estas multinacionales tengan presencia y manden en los órganos de decisión de CORES –Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, corporación de derecho público encargada de garantizar el mantenimiento y control de reservas para el suministro nacional de hidrocarburos– y en CLH, evitando que “una gestión de las infraestructuras de CLH dé ventajas a los operadores con capacidad de refino frente al resto de operadores actuales y potenciales”.
Incluso el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, reconocía este lunes que “mirando al futuro, hay que insistir en introducir el máximo nivel de competencia”, si bien “ya no hay tiempo parlamentario”. Este brindis al Sol del Gobierno en beneficio de las petroleras no puede aparcar la urgente y necesaria reforma de la regulación del sector, tal como evidencia la propia CNMC, a la que ADICAE insta a no encorsetar su actuación, continuar investigando y atreverse a imponer sanciones y medidas realmente coercitivas que eviten las prácticas irregulares y los abusos de las petroleras hacia el consumidor.
Para ADICAE, cabe plantearse el daño y el grado de responsabilidad de estas empresas en la merma de la economía doméstica y el tejido industrial del país, pues afecta de lleno a los costes de producción y distribución: una bajada en los carburantes abarataría el transporte de mercancías y, a su vez, el precio final de los productos al consumidor, clave para reactivar el mercado interno y en definitiva la economía nacional.
El último caso de este escándalo se confirmaba el pasado 8 de julio: la CNMC multaba con 22,8 millones de euros a Repsol y a varias de sus empresas abanderadas por prácticas contrarias a la competencia, como intercambio de información estratégica o coordinación de precios.
