Tras iniciar el verano pasado una auténtica ‘caza de brujas’, mediante una campaña masiva de envío de cartas a sus clientes animándoles a denunciar a quien se enganchase fraudulentamente a la luz, Endesa reconoce ahora que el 96% del fraude eléctrico en España no lo realizan los consumidores de a pie, sino las empresas y algunos grandes consumidores. Solo el 1% se puede imputar a familiar con bajos ingresos.
Este fraude eléctrico, que en modo alguno se puede achacar a las familias, supone un encarecimiento de 150 millones de euros anuales en la factura de la luz según indica la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Un encarecimiento que hace que España siga teniendo la segunda luz más cara de Europa, con 0,182 Kwh/€, solo por detrás de Reino Unido (0,202 Kwh/€).
Se trata, en definitiva, de un recurso ilegal que utilizan algunas empresas para ahorrarse varios miles de euros en la factura de la luz, que repercuten en un alza de precios para los consumidores. Además, estas prácticas suponen un riesgo para toda la ciudadanía ya que las instalaciones manipuladas no cumplen con las normativas vigentes en materia de seguridad y generan un importante riesgo para quienes manipulan las instalaciones eléctricas y para las personas que viven o circulan en la proximidad de estas instalaciones.
En lugar de alentar la cultura del ‘chivatazo’ y el castigo, Endesa podría ofrecer mecanismos de mediación y tarifas reducidas a los clientes con dificultades económicas, permitiéndoles llevar una vida digna hasta que pudieran afrontar de nuevo el pago normal de la factura. Desde ADICAE animamos a todos los consumidores a seguir pautas de ahorro energético, defender sus derechos ante los abusos de las eléctricas y continuar exigiendo un precio justo por la luz.
