El presidente de ADICAE, Manuel Pardos, aseguró en la conferencia inaugural que desde esta organización se va a dirigir la atención a mejorar las condiciones para los consumidores en los próximos años, y eso implica tener en cuenta los abusos cometidos por la banca en el pasado de cara a que no se vuelvan a repetir.
El Proyecto de Ley de Créditos Inmobiliarios, que está sobre la mesa de debate del Congreso, es uno de los focos de trabajo actuales de cara a proponer modificaciones. La subdirectora de AECOSAN, Milagros Yagüe, aseguró que ni la regulación es suficiente, ni tampoco la formación e información que reciben los consumidores. A este respecto, Pardos afirmó que ADICAE propondrá enmiendas al Proyecto de Ley hasta el último momento.
Uno de los asistentes a la jornada señaló que “la banca ha generado un clima de desconfianza por la falta de transparencia y desnivel en la protección al consumidor con las cláusulas abusivas”. La filosofía a la que ha conducido todo esto, según el economista Javier Blancas, ha sido quitar la vivienda y obligar a las personas que no pueden afrontar los préstamos a continuar con los pagos.
El presidente de la Asociación Española de Banca, José Luis Martínez Campuzano, defendió el sistema de crédito en España, que considera “competente y eficiente”. Pese a esto, sí concordó con la necesidad de un cambio en las reglas y de ofrecer más ayudas a los consumidores, por ejemplo con más viviendas para alquiler social y con mejoras en las medidas de segunda oportunidad. Para Campuzano la clave está en buscar un equilibrio entre solventar los problemas de las personas, con más seguridad jurídica, y que la economía siga creando empleo.
En la mesa política, con diputados de la Comisión de Economía del Congreso, Ester Capella (ERC) juzgó la regulación actual de la dación en pago ya que “ha sido la gran miseria aunque al principio se pensase que era la solución”. Capella defendió la participación activa de la ciudadanía y propuso medidas para mejorar el Proyecto de Ley, como la limitación de las comisiones por cancelación anticipada. Por su parte, Miguel Ángel Paniagua (PP) achacó a la dureza de la crisis económica los problemas del mercado hipotecario, y argumentó que el actual Proyecto “intenta que los riesgos de una contrarreforma hipotecaria se trasladen del consumidor a las entidades”.
Frente a la mayor seguridad jurídica comentada por Paniagua, el abogado Víctor Cremades alegó que el Proyecto convalida prácticas abusivas como las cláusulas suelo y los gastos hipotecarios. El vocal del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, criticó algunas medidas de la futura ley hipotecaria como las vinculadas al acta que emite el notario o al carácter voluntario que tiene para la banca la adopción de algunas medidas, lo cual ve como un preámbulo de imposición al consumidor.
El magistrado Manuel Ruiz de Lara abogó por flexibilizar la cosa juzgada para que los consumidores estén en igualdad de oportunidades en función del juzgado al que acudan, ya que aquellos cuya demanda se resolvió antes por no estar saturado el juzgado al que acudieron, no se pudieron beneficiar de la restitución íntegra del dinero acordada en otras sentencias posteriores. Lara entiende que ante pleitos de cláusula suelo con sentencias anteriores a la resolución del TJUE 21/12/2016, podría existir el principio de Responsabilidad Patrimonial.
Sobre el control de transparencia, el catedrático de Derecho Civil Sergio Cámara explicó que la idea básica no es que un consumidor a título individual haya entendido algo, sino que cualquiera en su misma situación lo pueda comprender. Además, criticó el papel de la legislación española ya que “el control de transparencia no ha sido gestado en España, menos mal que estamos en Europa”.
A este respecto, el registrador de la propiedad Carlos Ballugera reiteró que las cláusulas abusivas son nulas las conozca o no el consumidor, es decir, la transparencia no es una justificación para poder mantenerlas. El catedrático de Derecho Civil, Lorenzo Prats, considera que un mercado bien regulado hace que los consumidores acudan a él, y que tengan los mecanismos de protección pese a que solo pretendan obtener un préstamo rápido.
ADICAE, ante todo esto, reivindica el papel de la acción colectiva y de las asociaciones de consumidores para poder tener procedimientos de acción comunes. Algo también defendido por el abogado Alejandro Marín durante la jornada, y que reafirma la importancia de la colectividad ante casos como los de demandas de cláusulas abusivas.
