F.A.B., agricultora con los estudios primarios sin terminar y residente en un minúsculo municipio de Palencia, acudió el 7 de agosto de 2008 a la sucursal bancaria de Caja España en su localidad, de la que era clienta de toda la vida, con la intención de abrir un depósito a plazo fijo. Asesorada por la entonces directora de la sucursal, M.C.P, contrató “un producto sin riesgo”. El 12 de noviembre de 2010 repitió la operación. En total invirtió 19.000 euros en lo que ella creía un depósito a plazo fijo.
La afectada vivía un tanto ajena al escándalo de las participaciones preferentes cuando en junio de 2013 fue consciente del verdadero destino de sus ahorros. Había recibido una carta de Caja España, en la que se le comunicaba la pérdida del 10% de su dinero y la transformación del restante en “bonos necesariamente y convertiblemente convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión de Banco CEISS”. F.A.B., que jamás había contratado un producto financiero complejo ya que siempre optó por mantener “libretas de ahorro” no podía creer lo que leía. En realidad había contratado obligaciones subordinadas, un producto ‘hermano’ de las participaciones preferentes y con la misma trampa final: no podía disponer de sus ahorros.
Rápidamente F.A.B. se puso en contacto con la Plataforma de Afectados por Participaciones Preferentes y Otros Productos Tóxicos de ADICAE y, animada por la lucha y los logros conseguidos por el resto de integrantes de la plataforma, se dispuso a llevar a su “caja de toda la vida” ante la Justicia. Ya en sede judicial contó con la colaboración de la entonces ya ex directora de la sucursal de su pueblo, quien reconoció que “se produjo una omisión en la información que Caja España debía proporcionar”, según se recoge en la sentencia dictada por un juez de Palencia.
En el juicio Caja España no pudo acreditar la existencia de ningún documento que probase que se informó a la afectada de la naturaleza del producto con carácter previo a la contratación. “Ni tampoco resulta acreditado que la documentación precontractual -folletos informativos- haya llegado al conocimiento de F.A.B.”, pues ni siquiera estaban firmados algunos de los documentos presentados por el banco como prueba. Además, el juez indica que “no cabe considerar al folleto como información suficiente a la hora de contratar un producto tan complejo”. La entidad nunca se cercioró del perfil inversor de F.A.B.
Es más, incluso en las órdenes de compra la información era sesgada ya que no figuraban “de manera clara ni el producto ni su definición, ni se indica el tipo de interés que debe aplicarse a las operaciones, no se indica la Tasa Anual Equivalente (TAE), no se indica la cifra a pagar por comisiones, ni se indica una fecha de vencimiento -dado que la amortización final es perpetua-, apunta el juez.
Así, el magistrado declara “la nulidad de los contratos de adquisición de obligaciones subordinadas (…) así como de la recompra de la deuda subordinada y la obligatoria reinversión en bonos necesarios y contingentemente convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión de Banco CEISS”. En suma, la entidad ha tenido que devolver 19.000 euros más intereses a esta miembro de la Plataforma de Afectados por Participaciones Preferentes y Otros Productos Tóxicos de ADICAE.
Más de 49 millones de euros recuperados
Algo más de tres años después del estallido del fraude de la comercialización masiva e indebida de participaciones preferentes, deuda subordinada y otros productos tóxicos, cientos de afectados siguen recuperando sus ahorros. La presión social colectiva ejercida y las mediaciones extrajudiciales realizadas por ADICAE, incluidas las orientaciones para enfocar el sesgado Arbitraje ofrecido por la banca, están dando sus frutos.
La cifra de afectados que han recuperado sus ahorros gracias a la acción colectiva de ADICAE ya asciende a 1.711: 727 de Caja Madrid, 426 de Bancaja, 196 de Caixa Catalunya, 96 de Caixa Galicia, 62 de Caixa Laietana, 61 de Caja España – Caja Duero, 48 de Caixa Nova, 34 de Banco Santander, 19 de Caja Rioja, 16 de Caja Segovia, 13 de Caja Canarias, 7 de Cajastur y 6 de Caja Ávila. La media de los ahorros depositados por los afectados ronda los 30.000 euros. Estas cantidades recuperadas, unidas a las sentencias favorables que acumula ADICAE, hacen que la banca tenga que devolver, por ahora, 49.147.617,42 euros.
Estos datos no significan una solución real para todos los afectados, pero demuestran que la presión social colectiva y la acción de mediación realizada seria y profesionalmente, son altamente efectivas. No obstante es preciso seguir luchando para impulsar una solución colectiva a este clamoroso fraude. Nuestra asociación sigue presentando demandas agrupadas, recopilando la documentación de los consumidores que quieran denunciar a su banco por este turbio asunto y realizando asambleas informativas en todo el Estado.
