El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un nuevo paquete de medidas urgentes en materia de energía «para la protección de los consumidores vulnerables». Así, «el descuento en la factura de la luz otorgado por el bono social a los consumidores vulnerables crecerá del actual 25% al 60% -del 40% al 70% en el caso de los vulnerables severos- hasta el 31 de marzo de 2022, y se duplicará el presupuesto para el bono social térmico durante este 2021, alcanzando los 202,5 millones de euros», dice la nota de Moncloa. 1,2 millones de hogares disfrutan de este descuento. Los baremos económicos para su concesión darían acceso a más de 4 millones de familias.

Por eso es fundamental que las eléctricas no desincentiven las solicitudes, y dejen de poner trabas a su concesión. Y conviene que las autoridades, empezando por el propio Gobierno, sean más ambiciosos en su promoción y difusión. Por ejemplo, matizando esto: «El bono social contempla descuentos en la factura eléctrica regulada (PVPC) para los consumidores con rentas bajas o con circunstancias especiales, como recibir una pensión mínima, estar desempleado o incluido en un ERTE». En realidad, esas «rentas bajas» no lo son tanto. Aquellos hogares que tengan un menor a cargo podrán pedirlo si sus ingresos no superan los 15.800 euros anuales. Y con dos menores a cargo, hasta los 19.700 euros.

Esto es, millones de consumidores podrían acceder a estos descuentos en su factura eléctrica si la Administración y, sobre todo, las eléctricas cumpliesen su parte e incentivasen su tramitación. La clave está en atestiguar ese nivel económico, muchas veces un papeleo de difícil consecución, y que podría ser algo mucho más sencillo si eléctricas y administraciones públicas compartiesen datos con mayor rapidez y eficacia. Y si se mencionase que, obligatoriamente, para el bono social los consumidores deben permanecer en el llamado precio regulado (PVPC), la antigua tarifa de último recurso que ahora comercializan apenas un puñado de las centenares de empresas que operan en España.

Al final, la mitad de los beneficiarios del bono social han desistido de renovarlo en los últimos cinco años, y el número de perceptores es el menor en este periodo. Así las cosas, en este magma burocrático y ante las subidas de la electricidad, se fomentan agresivas políticas comerciales que tienen como objetivo trasladar a los usuarios al mercado libre, hurtándoles su derecho a solicitar el bono social. El boletín de la CNMC cifra en 10,5 millones los consumidores en precio regulado (PVPC), frente a los más de doce millones que tenían esta tarifa hace cinco años. Los últimos datos, además, son de mayo de este año, a la espera del impacto que pueda tener el cambio del cálculo de tarificación del mes de junio.

Un impacto que, previsiblemente, será importante. Las intensas campañas de comercialización telefónica y online, que directamente aluden a la angustia por la falta de control del precio de la materia prima eléctrica, se han trasladado ya al ámbito mediático. Empresas como Endesa y Naturgy están lanzando campañas de comunicación anunciando tarifas planas con precio estable con el objetivo de trasladar directamente a la opinión pública su estrategia de «estabilización de precios». Autoridades y reguladores siguen recordando que las tarifas planas de las eléctricas siguen siendo más caras que los recibos de un hogar medio en precio regulado.

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