Las propuestas electorales de los partidos políticos en relación al control, supervisión y reforma del sistema financiero, constituye un conjunto de buenas intenciones que plantean, en el mejor de los casos, medidas de carácter cosmético y demuestran su escaso interés por la protección de los derechos de los consumidores, según un estudio realizado por ADICAE.
En esa línea, los dos principales partidos políticos hacen referencia indirecta, inconcreta y limitada a la protección de los más vulnerables, en el caso del PSOE y a la persecución de “las malas prácticas y las situaciones de abuso de las personas mayores”, en el caso del Partido Popular.
Ambos grupos mayoritarios consideran necesario realizar reformas del sistema financiero en el que se desenvuelven bancos y cajas, aunque lo hacen de forma diferente. Mientras para unos hay que seguir con la reestructuración de las cajas (PSOE), para otros (PP) hay que “facilitar la gestión activa del patrimonio dañado de las entidades financieras que lo precisen”.
Para los socialistas esas mejoras sólo supondrían una continuación a la actual política, centrándose en “acelerar el proceso de fortalecimiento y consolidación de las cajas de ahorros”. Mientras, el PP habla de realizar reformas para el “saneamiento y reestructuración del sistema financiero” y apunta que reformará el Banco de España y la CNMV sin dar una pista concreta de cómo lo hará.
En relación a la situación de las cajas de ahorros, varios grupos minoritarios y emergentes, como IU, EQUO, Compromís, EUA-ICV, aprovechan para apostar por una banca pública, cuyo germen bien podría ser las cajas de ahorro nacionalizadas e intervenidas por el Banco de España.
En esa línea, la propuesta más concreta es la que realiza IU, que rechaza usar dinero público para pagar la deuda privada de las entidades financieras y apuesta por una banca pública con participación democrática de trabajadores e impositores. La formación también considera necesario reformar la legislación sobre derechos de los impositores y clientes financieros, aunque no concreta cómo hacerlo.
Otras formaciones electorales, como las emergentes UPyD y EQUO apuestan porque las cajas de ahorros realicen “reformas” para poder optar a ayudas del Banco de España, como es el caso del partido de Rosa Díaz y que el sector financiero sea “más sano y con más responsabilidad social”, en el caso del partido de Juan Antonio López de Uralde. Ninguna de las dos formaciones hace referencia a los consumidores.
Finalmente, CiU y PNV son partidarios de velar por la transparencia del sistema financiero y por el rigor en la actuación de los organismos reguladores, en el caso de la coalición catalanista y porque bancos y cajas ganen competitividad, en el del partido vasco. Ambas formaciones se muestran partidarias de que Cataluña y Euskadi mantengan o ganen peso, especialmente en el proceso de reconversión de las cajas.
Un capítulo aparte merecen los grupos catalanistas EUIA-ICV y ERC que plantean medidas bastante singulares, como la separación de la banca tradicional del negocio de riesgo, en el caso de la primera formación, algo que no existe en España aunque sí hay ‘productos de riesgo’. Los republicanos son los únicos que piden una reforma obligatoria y una revisión de las funciones del Banco de España cuya actuación proponen investigar en el Parlamento.
