La vivienda y el acceso a ella por parte de los consumidores siempre ha sido un problema cíclico en la sociedad española. Todas las generaciones han sido arrolladas por crisis de diversa índole y origen pero con un denominador común: de un modo u otro, con más o menos rodeos, afectan directamente a la vivienda y a su herramienta principal de adquisición, las hipotecas.

Esta crisis sanitaria no iba a ser menos. Pilló a los consumidores desprevenidos, en un momento de cierto crecimiento en el que muchos comenzaban a hacer planes de futuro. Pero el futuro se paró en seco. ERTES, ERE, despidos, caída en picado de la economía familiar… Todo ello llevó a los consumidores de nuevo a los bancos, a refinanciar las hipotecas, a cambiar sus condiciones… lo que fuera por no perder la vivienda que tanto les había costado adquirir.

De nuevo el consumidor sufre los envites de la banca

Nada es igual desde marzo de 2020, y en lo que a vivienda se refiere, probablemente un poco peor. El Instituto Nacional de Estadística ha publicado sus últimos datos sobre hipotecas, correspondientes a marzo de este año. Resultan demoledores: “El número total de hipotecas con cambios en sus condiciones inscritas en los registros de la propiedad es de 28.458, un 632,1% más que en marzo de 2020”. De ellos, cerca de 24.000 son novaciones, esto es, renegociaciones directas entre el consumidor y el banco con el que contrató su préstamo.

Los datos de ese mes de marzo se acumulan a los que ya registraron enero y febrero, de forma que ya nos dan pistas del vuelo que puede llegar a tomar esta preocupante tendencia en el mercado hipotecario: de enero a marzo han tenido lugar en España 73.586 novaciones hipotecarias, según el propio INE. El origen del fenómeno, no nos echemos las manos a la cabeza, no es nada inesperado. Las moratorias hipotecarias “legales”, instadas por los poderes públicos para sostener a los consumidores vulnerables y cuyo plazo de aplicación era de tres meses, han ido evolucionando y dando paso a todas esas novaciones.

Un informe monográfico del Banco de España en el que analiza la situación de las moratorias en nuestro país arroja algo más de luz. Según sus tesis, los hogares más vulnerables al inicio de la pandemia y aquellos que han sufrido más sus efectos en términos de empleo han sido los que más se han acogido a las moratorias legislativas en origen. Además, reconoce el BdE, tienden a estar más tiempo en moratoria legal o son más proclives a cambiar a otra moratoria (sectorial o bilateral) al terminar esta.

Hasta tal punto son más proclives, que se puede decir que las moratorias legales han pasado a mejor vida y las que hay sobre todo son, directamente, individuales. Los datos muestran sin más dobleces que las moratorias se están convirtiendo ya en refinanciaciones puras y duras. “A finales de diciembre el crédito suspendido bajo moratorias se situaba en torno a 34.000 millones de euros, siendo la mayor parte de este importe moratorias convencionales”, es decir, novaciones. Un 95%. “Sin embargo, las moratorias legales solo representaban unos 2.000 millones de euros”. El 5% restante.

¿En qué condiciones se dan estas refinanciaciones?

Quién antes pagaba 800 euros al mes de hipoteca, sí es verdad, ahora paga 500 o 600 euros pero… ¿a qué precio? ¿La banca tiene en cuenta la situación personal de cada deudor? Los datos hipotecarios del INE confirman que la refinanciación tipo implica, en efecto, una menor cuota, a cambio de cambiar el tipo de interés de variable a fijo (medio punto porcentual más elevado) y alargar el plazo de amortización, de tal manera que se acuerda un periodo de carencia que se añade al horizonte final del préstamo.

En algunos casos, además, se recurre a pedir más dinero prestado. Es lo que el presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios, Carlos Ballugera, define como “revolving blando” hipotecario; el banco vuelve a prestar al consumidor el capital que este ya tenía amortizado. A priori esto puede verse como una ayuda al consumidor, ya que trata la entidad bancaria de que el cliente mantenga la vivienda sin causar mayor perjuicio.

Pero claro, al otro lado de este acuerdo tenemos a las entidades bancarias y aquí siempre hay letra pequeña. La falta de transparencia y el abuso hacia estos consumidores que están en una clara situación de vulnerabilidad socioeconómica hace que tengamos poner bajo la lupa a las novaciones bancarias. Detrás de esto hay consumidores con nombres y apellidos que no han tenido más remedio que alargar su agonía y estar más años pagando un crédito hipotecario a cambio de una bajada en su cuota.

Desde ADICAE, exigimos a las entidades financieras que no se aprovechen de la situación de vulnerabilidad de muchos de los solicitantes de renegociación, pide condiciones asumibles para las refinanciaciones y apuesta por evitar el sobreendeudamiento del consumidor. La banca busca ganancia, y el consumidor siempre tiene las de perder. Por ello es muy importante informarnos de nuestros derechos y evitar que la moneda siempre caiga del mismo lado.

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