La crisis del Covid-19 se ha traducido en un aumento de la actividad de los llamados inversores minoristas, pequeños ahorradores, que entran en el mercado en un momento de gran incertidumbre.
Tal y como venía detectando ADICAE, gracias a los nuevos canales no presenciales de comunicación abiertos durante la pandemia, vía WhatsApp al número 660175964 o el correo electrónico consultas@adicae.net se está produciendo un aumento significativo en el número y la actividad de los pequeños ahorradores, confirmado ya por las autoridades europeas en la materia y motivado sin duda por el contexto actual provocado por la propagación del coronavirus Covid-19 y su impacto innegable en la economía y mercados financieros de todo el mundo.
La incertidumbre que engloba el mercado actual, con alta volatilidad, lejos de espantar al pequeño ahorrador ha provocado una reacción activa en muchos de ellos que se traduce en un incremento de operaciones. Desde esta asociación se quiere recordar que precisamente esa alta volatilidad se traduce en un aumento de riesgos de mercado, por lo que se aconseja una dosis extra de prudencia a la hora de acercarse a las distintas ofertas de inversión.
Sin duda, ese aumento en la actividad inversora ha provocado un correlativo incremento de la oferta y, lamentablemente, no toda cumple con todos los requisitos necesarios que protegen al consumidor, dando pie a ofertas de inversión engañosas y a una nueva irrupción de «chiringuitos financieros» que escapan a los controles que impone la normativa.
Como no podía ser de otra manera, desde ADICAE, más allá de alertar de los riesgos de la situación actual de los mercados sin precedente, se insiste en la necesidad de que los actores principales del mercado financiero atiendan a las normas de conducta marcadas por la normativa MiFID II, pues el momento requiere un estricto cumplimiento de las mismas como refuerzo de la protección de los derechos de los ciudadanos y, más aún, cuando hablamos de pequeños ahorradores con poca experiencia a la hora de invertir y, quizás, sin los conocimientos necesarios para autoprotegerse.
Operar solo con empresas autorizadas
En esta línea de prestar especial vigilancia a las empresas de servicios de inversión, desde ADICAE se quiere recordar que solo las empresas autorizadas (sociedades y agencias de valores, sociedades gestoras de cartera, EAFI, bancos y cajas de ahorros…) están sometidas a las normas que regulan los mercados de valores, como la MiFID II, además de los consecuentes controles de los organismos supervisores (CNMV y Banco de España).
En paralelo, una empresa no autorizada, no registrada en la CNMV ni en el Banco de España, escapa del control de los mismos, ni tendrá acreditados unos requisitos mínimos para el ejercicio de esta actividad y, lo que redunda en el perjuicio para los inversores, no están adheridos al Fondo de Garantía de Inversiones o de Depósitos, por lo que estos no están protegidos en caso de insolvencia de la entidad no autorizada.
Cómo evitar a los «chiringuitos financieros»
Si las empresas autorizadas parten de una serie de obligaciones, como la de cumplir con los requisitos de información, idoneidad, conveniencia y gobernanza de productos, aquellas que operan fuera de los canales legales, y por tanto sin estar autorizadas para prestar servicios de inversión, se basan en ofrecer productos de alta rentabilidad para la captación de clientes, para lo que además utilizarán métodos de persuasión y presión una vez contactados. Estas altas rentabilidades no dejan de ser un simple cebo, pues una vez conseguido el dinero de los ahorros de los inversores comenzarán los problemas para los mismos, que presumiblemente acabarán con la empresa desaparecida.
Cualquier inversor, pero en especial el ciudadano que se acerca por primera vez a esta actividad o que cuenta con poca experiencia, debería tener en cuenta los siguientes consejos:
- Si tiene dudas, si se siente apremiado para realizar una inversión por parte de una empresa, si no comprende algún término o si algún comportamiento levanta sus sospechas, contacte con ADICAE, donde encontrará todo el asesoramiento necesario y se tomarán las acciones consecuentes en caso de advertir la más mínima ilegalidad.
- Ser especialmente cuidadoso con sus datos, no facilitando los mismos a aquellas empresas con las que él mismo no haya contactado.
- Desconfiar de las llamadas, mensajes, correos electrónicos no previstos que nos ofrecen productos de inversión sin haber solicitado nosotros previamente el contacto.
- Ser conocedor de que estas empresas emplearán todos los medios para intentar captar sus ahorros y por tanto no subestimar su capacidad de persuasión, para lo que desplegarán todo un arsenal de engaños como historiales de logros profesionales, apariencia de profesionalidad y seriedad, vocabulario que el inversor no experimentado no dominará.
- Desconfíe cuando se sienta apremiado y presionado para cerrar una operación.
- Desconfíe cuando le ofrezcan grandes rentabilidades con mínimos riesgos.
- Cuidado con los consejos familiares. En ocasiones, un familiar o un amigo puede llegar a ofrecer, sin ser consciente de ello, una oferta de inversión engañosa en la que él mismo ya haya sido estafado. Las denominadas estafas piramidales siguen siendo un peligro real.
- No opere con ninguna empresa de la que no haya comprobado su legalidad en forma de autorización de la CNMV.
- Si desconfía de una empresa, no cierre ningún acuerdo. Compruebe sus datos antes de hacerlo. Recuerde que intentarán siempre persuadirle y apremiarle.
- Ponga en conocimiento de la CNMV cualquier incidente sospechoso de fraude y denuncie lo ocurrido a la Policía o en el Juzgado correspondiente.
- No realice más aportaciones si después de las primeras ya no consigue respuestas de la entidad.
Derechos como inversores
En cualquier caso, desde ADICAE se recuerda a los usuarios y consumidores que decidan dar el paso de convertirse en inversores que en el ejercicio de esta actividad también se encuentran protegidos por un marco legal que les ampara, contenido en la directiva MiFID II, donde se recogen las principales líneas en referencia a las empresas de servicios de inversión y sus obligaciones, así como los derechos de los usuarios, entre los que de manera esquemática destacarían:
- Las empresas deberán actuar de forma honesta, imparcial y profesional, en el mejor interés de sus clientes.
- Deberán proporcionar información imparcial, clara y no engañosa a sus clientes.
- Deberán adaptar sus servicios y ofrecer productos teniendo en cuenta las circunstancias personales de los clientes.
En caso de conflicto
En cualquier caso, y si aun teniendo todas estas y otras precauciones, el inversor se encuentra ante un conflicto, este puede articular distintas vías para la resolución del mismo, más allá de ponerse inmediatamente en contacto con ADICAE, desde donde se recibirá todo el respaldo oportuno.
La primera de ellas sería la vía extrajudicial, en forma de un contacto y en su caso una reclamación directa con el servicio de atención al cliente de la empresa prestadora del servicio, por escrito y solicitando acuse de recibo de la misma. Algunas de estas empresas cuentan incluso con la figura del defensor del cliente, a la que podremos presentar nuestro caso.
Llegado el caso de no recibir respuesta o no estar conforme con la misma, el usuario puede acudir a la autoridad competente en la materia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para la solicitud de la resolución del problema. En este punto queremos detenernos para señalar que ADICAE recuerda que el papel de la CNMV como mediador en los conflictos queda limitado al no ser vinculantes sus resoluciones, lo que deja margen a la entidad a no atenerse a las mismas.
La demanda por vía judicial agotaría el recorrido, si hasta entonces no hemos conseguido la resolución. En este punto desde ADICAE se vuelve a hacer hincapié en las posibilidades que da la demanda colectiva, reforzando nuestra fuerza como usuarios y consumidores y haciendo a los mismos participar de forma activa y solidaria con respecto a otros afectados.
ADICAE, dentro de su convencimiento de que la alfabetización digital será el único camino por el que los usuarios y consumidores podrán seguir defendiendo sus derechos ante la nueva realidad cambiante, no escatima esfuerzos en su labor de fomentar esa alfabetización digital y recuerda que la presencia de estos smart contracts es cada vez más frecuente, sin que por su poco tiempo de instauración hayan quedado resueltas todas las dudas jurídicas que sobre los mismos sobrevuelan.
Además, y como gran novedad, estos smart contracts ni siquiera necesitan ser creados por personas físicas o jurídicas, sino que pueden serlo a través de la programación informática. En el ejemplo inicial del vuelo, basta con pensar que en el mismo momento de contratar un determinado vuelo, una aplicación gestionara un contrato de transporte pactando las condiciones del servicio y los precios sin que el consumidor tenga que realizar ninguna interacción física con nadie. Un contrato que más allá de incluir la mencionada compensación por retraso, la ejecutará de manera inmediata llegado el caso y sin intermediación alguna.
A pesar de ello, ADICAE ha constatado que una inmensa mayoría de los consumidores se encuentran insatisfechos con sus contratos de suministro de energía para el hogar (llegándose a cifrar ese descontento en un 92%), lo que no se traduce necesariamente en reclamaciones, donde en energía apenas llegaba el porcentaje a un 7,6%. Una vez más, la falta de una correcta información y de los conocimientos necesarios juega en contra del ciudadano como consumidor, pues difícilmente podrá 
Lo que sí resulta aconsejable es una estimación previa de la potencia que vamos a necesitar según nuestro consumo, existen simuladores que nos orientarán, para ajustar ambas variables lo más posible. Nuestra factura será óptima siempre y cuando ajustemos la potencia, además del consumo, a nuestras necesidades.
Detrás de cada uno de estos titulares de prensa, elegidos del innumerable fondo de armario de esta asociación, se encuentran miles de ciudadanos.Se encuentran, en realidad, miles de usuarios y consumidores que en algún momento de su vida fueron víctimas de un engaño, de un abuso, de un fraude, de un sobrecoste, de una injusticia, de un problema, en definitiva, que iba más allá de ser un contratiempo individual por afectar a un grupo de numeroso de usuarios y consumidores, que se vieron inmersos en los mismos contratiempos, la misma impotencia inicial, las mismas dudas sobre las posibles vías de reclamación y la misma, por qué no, desgana de iniciar un procedimiento extrajudicial o judicial de manera individual ante un gigante, como pudiera ser la banca.
Y es que, lamentablemente, cada vez es más frecuente encontrarnos con problemas colectivos de los consumidores en el ámbito financiero. Si hace ya unas décadas, la relación de un cliente con su banco se basaba en una relación muy personal, hoy en día muchos procesos y productos se han automatizado, se han generalizado, y las mismas ofertas y los mismos productos son prácticamente ‘impuestos’ al unísono a un gran número de consumidores. De esta manera es como se han generalizado conflictos como las cláusulas suelo y comisiones abusivas, las preferentes, los gastos hipotecarios, las tarjetas ‘revolving’, el IRPH… Productos y productos que estafan “legalmente” a millones de familias.
En ese objetivo, ADICAE no ha escatimado esfuerzos en los últimos años, siendo el verdadero estandarte de la defensa colectiva de los derechos de usuarios y consumidores en este país y representando a los mismos en las instituciones europeas en los foros de debate que en torno
