El oligopolio en el mercado de la publicidad en Internet pone en peligro los derechos de los consumidores

Por | Consumo

La publicidad online en España sufre un alto y peligroso grado de concentración: dos grandes compañías como Google y Facebook absorben más del 70% de los ingresos del mercado. Esta es la conclusión principal derivada del estudio sobre las condiciones de competencia en el sector de la publicidad online en España, publicado por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia.

La publicidad online en España se ha situado ya como el principal canal publicitario por encima de los medios tradicionales (televisión, prensa y radio), generando 3.450 millones de euros, informa la CNMC. Unos ingresos que recaen principalmente en plataformas como Google y Facebook, para los que esta es ya su principal fuente de ingresos.

De esta manera, el mercado se encuentra en una peligrosa dinámica oligopolística donde Google absorbe más del 90% de la publicidad que procede de los motores de búsqueda, calculada en unos 1.500 millones de euros, mientras que Facebook lidera la captación de la publicidad display, aquella que aparece en formato vídeo, banners o redes sociales, dominando un 40% del mercado.

¿Cómo afecta esta situación al consumidor?

Esta situación de semi-monopolio del sector por dos grandes compañías multinacionales acarrea diferentes riesgos para el consumidor como la falta de transparencia, la opacidad del mercado a la hora de la toma de decisiones, así como por el uso de los datos personales del usuario. 

En primer lugar, los consumidores ven limitada su capacidad de elección a la hora de comprar digitalmente ya que la escasa competitividad del mercado aumenta los costes para los pequeños anunciantes, que se ven superados por el poderío de las grandes compañías como Google y Facebook.

Por otro lado, los datos personales de los usuarios y consumidores suponen un valor muy importante para este tipo de empresas. Los anuncios que aparecen tanto en el motor de búsqueda de Google como en las redes sociales Facebook o Instagram (propiedad de Facebook) se basan en los datos personales cedidos por los usuarios, en muchas ocasiones, sin cumplir los estándares de transparencia y aceptación, para proporcionar contenidos adecuados a los gustos y patrones de consumo personalizados.

En un mercado oligopolístico como el de la publicidad online, el uso de los datos masivos de consumidores recae principalmente en dos grandes entes privados, con el consiguiente perjuicio para el usuario, que ve como sus datos se encuentran desprotegidos. Por ello, en un mercado tan concentrado es imprescindible exigir un código de transparencia para que el consumidor sea plenamente consciente de qué datos, en qué condiciones y con qué finalidad los está compartiendo con este tipo de compañías.

Este tipo de publicidad online se presenta, en ocasiones, de manera invasiva o agresiva frente al usuario. Junto a los banners o publicidad display (mercado que domina Facebook) existen también formatos pop-up que incitan al usuario a entrar en webs o landing pages donde se recogen datos personales que serán luego utilizados para trazar un perfil del cliente y ofrecer anuncios relacionados. Este tipo de publicidad suele contar con inversión monetaria en Search Engine Marketing (SEM), que ofrece la posibilidad de posicionar en los primeros puestos de buscadores como Google, líder del mercado de publicidad en motores de búsqueda.

Con este contexto, ADICAE señala que es fundamental desarrollar medidas legislativas que garanticen la competencia, la transparencia y las buenas prácticas del sector con el objetivo de proteger los derechos de los consumidores y hacer que sea pieza clave en el cambio de modelo de las relaciones de consumo en Internet hacia uno más justo, garantista, seguro, solidario y con más derechos.

Protege tus derechos como consumidor

Internet es a día de hoy el hábitat natural del consumidor. Un estudio de ADICAE advierte que el 92,3% de los españoles realiza compras online, y un 44% lo hace con una periodicidad mensual. Aunque los datos de satisfacción general son elevados (83%), muchos usuarios aún muestran algunos aspectos que les generan intranquilidad en el proceso, entre ellos, la facilitación de datos personales. Un 62,4% confiesa que preferiría no tener que hacerlo y un 13,6% compra menos de lo que lo haría si la compra lo requiere.

Por ello, desde ADICAE se recuerda que para realizar una compra por internet de forma segura, rápida y fácil es imprescindible no dar nuestro consentimiento al tratamiento de nuestros datos en aquellos acuerdos que no hayamos solicitado; adoptar pautas para una buena autoprotección de nuestros datos en Internet, o haciendo un buen uso de las aplicaciones móviles y específicamente su petición de acceso a datos.

Además, ADICAE incide en que junto a los necesarios sistemas de prevención y protección del propio usuario, existen diferentes derechos de los que el consumidor se puede hacer valer para protegerse ante un uso indiscriminado de sus datos.

En concreto, el derecho al acceso universal a un servicio de calidad garantiza poder dirigirte al responsable del tratamiento de los datos para averiguar el uso de los mismos; el derecho de oposición, que permite oponerse al tratamiento de los datos cuando tenga como finalidad la mercadotecnia directa; derecho a la supresión, también denominado derecho al olvido; derecho a la limitación del tratamiento; o el derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas. Además, en materia de comercio electrónico el consumidor tiene derecho a una información veraz sobre productos; a no facilitar datos personales que no sean necesarios para la compra; a manifestar el consentimiento; a ser informado acerca del uso de cookies u otros dispositivos de almacenamiento de datos; a recibir atención personalizada de la empresa comercializadora o a comunicaciones seguras.

Finalmente, ante una situación de lesión o vulneración de derechos cualquier consumidor puede consultar a ADICAE para defender y reclamar sus derechos por los cauces y vías oportunas en caso de vulneración de los mismos. Por otro lado, existen mecanismos de reparación y compensación como los cauces de reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos o por el sistema de arbitraje de consumo a través de las Juntas Arbitrales de Consumo de cada Comunidad Autónoma.

El plazo de reclamación de los gastos hipotecarios, en manos del TJUE

Por | Hipotecas

El pasado 23 de julio el Tribunal Supremo preguntó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la prescripción de gastos hipotecarios. Se ha podido conocer el auto en el cual se expresan una serie de alternativas al plazo de prescripción de la restitución de los gastos abusivos.

El Supremo ha planteado dos opciones para la resolución de este caso. En primer lugar, “que el día inicial del plazo de prescripción sea el de la sentencia que declara la nulidad de la cláusula”. En segundo lugar, “ese primer día sea la fecha de las sentencias del Tribunal Supremo que fijaron en la doctrina jurisprudencial sobre los efectos restitutorios”, la jurisprudencia de enero del 2019. En esa misma línea que “la fecha de las sentencias del TJUE que declararon que la acción de restitución podía estar sujeta a un plazo de prescripción”, haciendo referencia a la jurisprudencia de julio del 2020. O, dicho de otra forma, la no prescripción de la cláusula o contar con una prescripción de 5 años desde el primer pronunciamiento de nulidad (2015).

El Tribunal español realiza una serie de objeciones a ambas opciones. En el primer caso, debido a que “en la práctica, convierte la acción de restitución en imprescriptible, puesto que no puede comenzar el plazo de prescripción hasta que se haya estimado una acción (la de nulidad) que es imprescriptible en el Derecho interno, por tratarse de una nulidad absoluta. Además, el principio de seguridad jurídica se podría ver gravemente comprometido si se diera lugar a reclamaciones relativas a contratos consumados y extinguidos desde hace décadas”.

Desde ADICAE se critica este posicionamiento que dista por completo de la realidad. Tal y como se ha producido en otros casos como las cláusulas suelo, la reivindicación de la devolución del dinero por una cláusula abusiva, no supone una crisis económica, social o un problema de seguridad jurídica, sino simplemente hacer justicia, así como ha sentenciado el propio TJUE en otras ocasiones.

En el segundo caso, “puede ser contrario al principio de efectividad, por ser dudoso que un consumidor medio, razonablemente atento y perspicaz pueda ser conocedor de la jurisprudencia del Tribunal Supremo o del TJUE en la materia”.

Esta tesis puede ser criticada bajo el entendimiento ilógico de las características del “consumidor medio razonablemente atento y perspicaz”.

ADICAE reivindica que se aplique la jurisprudencia existente en la cláusula abusiva que parte de la doctrina de nulidad de pleno derecho. La asociación considera que no se puede considerar a los consumidores expertos en conocer y entender la compleja jurisprudencia del Tribunal Supremo, más cuándo las decisiones jurídicas en este asunto han distado entre instancias e incluso el propio Tribunal Supremo ha modificado su propia jurisprudencia.

La asociación insiste en la imprescriptibilidad de la cláusula y no entiende otra vía de resolución del TJUE. Por ello, ADICAE junto con sus socios seguirán luchando para que nadie se quede sin reclamar sus derechos.

El INE detecta cada vez mayor riesgo de sobreendeudamiento; urge un plan de choque inmediato

Por | Economía

Según la encuesta de Condiciones de Vida del INE, el 13,5% de los consumidores han tenido retrasos en el pago de recibos vinculados a su vivienda o compras a plazos, la mayor tasa desde 2011. El sobreendeudamiento amenaza a uno de cada seis hogares, y la creciente tasa de riesgo de pobreza es un factor que puede agravar la situación. Ante ello, ADICAE lanza una batería de iniciativas frente al riesgo de sobreendeudamiento familiar, entre las que destaca una Unidad contra el Sobreendeudamiento que dé apoyo directo a los consumidores y reúna a administraciones públicas, entidades financieras y asociaciones de consumidores.

Los datos del INE desvelan una amenaza de sobreendeudamiento creciente de los consumidores, pues el peso de los préstamos no hipotecarios (personales, al consumo, tarjetas….) se incrementa: uno de cada 10 consumidores ya emplea hasta un tercio de su renta mensual al pago de los mismos. Considerando el peso que el pago de la vivienda supone (sea en alquiler o hipoteca) se genera un riesgo evidente de sobreendeudamiento familiar.

El INE señala que casi 6 de cada 10 consumidores no puede ahorrar nada. Un 7,3% necesita pedir prestado para llegar a fin de mes, y un 8,4% consume sus ahorros para ello. Más preocupante aún resulta el caso de los consumidores que viven de alquiler, ya que un 18% de los mismos tienen que pedir prestado para llegar a final de mes, reflejando así el peso que el problema de la vivienda y sus precios tiene en la economía de los consumidores.

Estas cifras no son ajenas al abuso de los oligopolios financiero y energético. El aumento del precio de la luz y los carburantes, la desproporcionada subida de las comisiones bancarias y el sistemático e irresuelto abuso en el crédito inmobiliario, a consumo y ‘revolving’ amenazan la economía de los consumidores.

Ante esta situación, ADICAE lanza una amplia batería de iniciativas para hacer frente a unos riesgos crecientes de sobreendeudamiento de los consumidores, mediante las cuales ofrecerá información y formación a los consumidores sobre dichos riesgos, implementará herramientas virtuales de apoyo a los consumidores en situación de sobreendeudamiento y para la prevención del mismo, y pondrá en marcha una red de acompañamiento, orientación y apoyo para aquellos consumidores que afronten situaciones de imposibilidad de pago de sus préstamos.

Mediante estas y otras iniciativas la Asociación pretende ofrecer respuesta a una situación en la que la tendencia muestra una problemática creciente, en la que préstamos diferentes del hipotecario ganan peso en el endeudamiento de los consumidores. En la misma línea, ADICAE considera necesario abordar una regulación del sobreendeudamiento familiar, habida cuenta de la falta de eficacia para los consumidores de la legislaciones actuales como la llamada “Ley de Segunda Oportunidad”.

La ‘polémica del chuletón’: menos frivolidad y más rigor con los gastos básicos de los consumidores para favorecer la sostenibilidad

Por | Consumo

La Encuesta de Presupuestos Familiares del INE confirma que entre los años 2016 y 2020 los gastos básicos de los consumidores tienen cada vez más peso en la cesta de la compra. ‘Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles’ pasan de 8.705 euros a 9.621 euros por hogar. Y el gasto en alimentación, del mismo modo, aumenta más de un diez por ciento, de 4.123 a 4.578 euros por familia, también según el INE. Esto, sin embargo, no se traslada a las cantidades de alimento realmente consumido. Al hilo de la ‘polémica del chuletón’ entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, el consumo de carne en España ha caído un 12,5% en los últimos diez años, lastrado por el aumento de los precios de un mercado muy orientado a la exportación y al oligopolio de la distribución alimentaria.

Por todo ello ADICAE pide a partidos políticos e instituciones que huyan de eslóganes y titulares, y no frivolicen con la cesta básica de los consumidores, cada vez menos asequible para muchos de ellos. Para favorecer la sostenibilidad en el consumo alimentario, como en otros muchos ámbitos, es fundamental un cambio normativo con un enfoque global, profundo y riguroso en el que los consumidores y sus representantes participen de manera real e influyente.

Por vez primera en los últimos diez años, el presupuesto de cada familia en productos cárnicos se eleva por encima de los mil euros, y sin embargo este dinero ha servido para adquirir un 12,5% menos de cantidad de alimento. Es por ello que hay que ser muy cuidadosos con los mensajes que se lanzan, tanto en el sentido de responsabilizar a los consumidores de un exceso de consumo que podría ser cuestionable, como en el sentido de frivolizar con el ‘chuletón al punto’, al que muchas familias no pueden ni acceder.

Un porcentaje cada vez mayor de consumidores no puede comer carne o pescado con regularidad, y el peso cada vez mayor de gastos vinculados a la vivienda, a la energía y los carburantes deja cada vez menos espacio para el consumo alimentario, mucho menos saludable. Por eso ADICAE plantea un debate profundo, que vaya más allá de eslóganes, titulares de prensa y miras a corto plazo, e incluya el acceso a los gastos básicos de los consumidores como materia de consenso al mismo nivel que las pensiones, el diálogo social u otras cuestiones capitales para la sociedad española.

Desde ADICAE venimos trabajando desde hace años en diversas iniciativas y propuestas para que los consumidores conozcan los diversos mercados y sus consecuencias en nuestra economía doméstica y en el medio ambiente. Defendemos que la acción colectiva es determinante no sólo para controlar y mejorar nuestra alimentación, sino también para contribuir a que el sistema se vuelva más sostenible y responsable.

Y ya venimos advirtiendo desde hace tiempo de que alimentos básicos como los lácteos o la carne están sufriendo un descenso de consumo que se configura como un fenómeno inquietante, muy cercano y que sólo podrá revertirse mediante una actitud crítica, responsable y solidaria de los consumidores, una respuesta colectiva hacia la sostenibilidad en la alimentación, una vigilancia plena que permita a todos tener un acceso a precio justo a una dieta saludable. Carnes y pescados frescos son apartados de nuestros platos por elaboraciones procesadas llenas de aditivos, conservantes, aromas…

En este sentido, las palabras de nuestros dirigentes políticos y las normativas de nuestras instituciones deben ser útiles, huir del cortoplacismo y guiarse por las necesidades y las reivindicaciones reales de los consumidores.