La recuperación de los consumidores en peligro

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Lo que creíamos imposible se ha convertido en posible y real. Lo estamos viviendo… Una pandemia mundial que ha saltado de la ficción en la gran pantalla a la realidad de nuestras vidas y de la que nos va a costar salir más de lo previsto. Los expertos económicos y políticos confían en que saldremos y, además, más reforzados de esta crisis sociosanitaria, pero esto es algo que a día de hoy cuesta creer.

Tan solo hay que mirar los datos. En 2020, el gasto de los hogares europeos se desplomó más del 7% de media con respecto al 2019, según el Banco Central Europeo. Si nos centramos en España, es el país que muestra una caída mayor del gasto, esto es, del 10,9%. Los hogares españoles no han consumido al mismo ritmo que durante los años previos a la crisis sanitaria. De hecho, muchos no han consumido al mismo ritmo y otros tantos, simplemente, no han podido consumir.

Para la mayoría de los consumidores, la cesta de la compra ha pasado a contener solo productos básicos. Los hogares van a tener complicado recuperar el poder adquisitivo y los niveles de consumo de la era pre-covid. Y, sobre todo, se van a ver cada vez más obligados a gastar más en suministros básicos cuyo precio no para de subir; recortamos en la cesta de la compra para poder pagar recibos de luz, agua, etc.

A esto se añaden las subidas de la energía y de los combustibles, ambos elementos fundamentales en la vida cotidiana de los consumidores. Cuando estábamos recluidos en casa sin poder salir, los combustibles cayeron a precios mínimos históricos. Pero, desde entonces, la escalada ha sido descomunal. Los precios de las gasolinas alcanzaron en mayo sus mayores niveles desde 2019, coincidiendo con el fin de las restricciones a la movilidad y del Estado de alarma, según datos del Boletín petrolero de la UE.

Lo mismo ocurre con la energía. A las subidas imposibles en los recibos de la luz se le añade a partir de este mes de junio el famoso cambio en la factura que, de nuevo, nos obliga a nosotros como consumidores a hacer esfuerzos si queremos poder pagar esta ‘comodidad’. La conclusión, los precios en España continúan al alza, la cesta de la compra de los españoles se sigue encareciendo coincidiendo con el inicio de la reactivación económica y el abuso energético nos obliga a pagar más por lo mismo.

Así las cosas, nos vemos forzados a tener que mirar céntimo a céntimo dónde gastamos nuestro dinero. La población en nuestro país es la más preocupada de Europa por su situación financiera: en torno al 25% de los consumidores dicen estar extremadamente preocupados y más del 52%    muestran una gran preocupación. La pandemia ha generado una situación de inseguridad e incertidumbre que se ha apoderado de los consumidores y ello deriva en las preocupaciones financieras que los acechan.

Sería exigible, por consiguiente, que los gobiernos se focalizasen en aliviar las preocupaciones financieras que padecen los consumidores. No solo para contrarrestar la caída del gasto sino, sobre todo, para respaldar el acceso de los colectivos vulnerables a los bienes básicos, fomentar un consumo sostenible que llegue a todos los hogares y contribuir, por tanto, a una recuperación económica más que necesaria, con parámetros inclusivos y de sostenibilidad.

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Los consumidores quieren ahorrar, pero la mitad de ellos no puede

La banca anuncia nuevas comisiones por culpa de la morosidad… que está en mínimos (aún)

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El director general de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), José María Méndez, confirma que para que las entidades bancarias puedan hacer frente a la nueva ‘realidad postcovid’ quizás habrá que plantearse una “nueva tarificación de los servicios que prestan las entidades financieras”. Más en concreto, “muchas de estas comisiones estaban ocultas dentro del margen financiero y ahora deben especificarse, por lo que esto requiere cierta cultura financiera o un nuevo modelo de tarifas de las entidades”.

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Caso Popular: cuatro años y mucho que esclarecer

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ADICAE agrupa a 1.100 demandantes con el objetivo de analizar y enjuiciar la responsabilidad de la absorción fraudulenta de la entidad bancaria por el Banco Santander. La asociación considera que en este tiempo pocos han sido los avances para clarificar lo ocurrido, por lo que cada vez es más difícil darle una solución razonable a los 300.000 afectados, pequeños accionistas ahorradores del Popular.

En este mes de junio se cumple el cuarto aniversario desde que el Banco Santander adquiriese el Banco Popular por la cantidad irrisoria de un euro, después de que la Junta Única de Resolución (JUR) decidiese la resolución de la entidad. Una decisión que dejó tras de sí a miles de consumidores profundamente afectados, ya que para buena parte de ellos supuso la pérdida de los ahorros de toda una vida. Cuatro años han pasado ya desde aquel fraude, un tiempo que se ha hecho eterno para los afectados y en el que no han encontrado resarcimiento alguno.

La querella penal está en marcha, el período de instrucción está en su fase final, y el proceso sigue adelante. ADICAE agrupa a 1.100 demandantes con el objetivo de analizar y enjuiciar la responsabilidad de toda la administración del antiguo Banco Popular y las posibles responsabilidades de los gestores del Santander que asumieron la entidad. Es un buen momento para incorporarse al procedimiento, para que aquellos afectados que tengan ahorros pendientes de recuperar puedan acogerse a una querella que depure todas las responsabilidades.

La pandemia ralentiza aún más el proceso judicial
La lentitud en el proceso de instrucción es manifiesta, por culpa de una legislación procesal antigua que no ha ofrecido soluciones a los grandes fraudes masivos en España, y esto perjudica claramente a los afectados a la hora del resarcimiento y hacer justicia. A ello hay que sumar la nueva realidad que se ha sobrevenido en el sistema judicial español como consecuencia de la pandemia. Después de varios meses de paralización por el estado de alarma del pasado 2020, al sistema judicial español le ha venido un nuevo colapso que llevó a ampliar los distintos plazos de reclamación.

Por ello, ADICAE anima a todos los afectados a adherirse a la causa a través de la asociación, pedir información en alguna de las más de 30 sedes que tiene repartidas por todo el país y recopilar la información necesaria que demuestre la participación del consumidor en las adquisiciones de acciones que se han venido llevando a cabo en los últimos diez años. Más de 300.000 personas han visto sus ahorros atrapados por este nuevo pleito. El caso del Popular demuestra los deficits y desenfoques del sistema europeo de resolución de entidades y las dificultades de la Justicia para dar respuesta eficaz a estos fraudes masivos.

La Asociación se querelló en 2017 contra el Banco Popular y todos los miembros del consejo de administración, tanto del periodo de Ángel Ron como de Emilio Saracho, incluyendo a ambos. ADICAE sigue recibiendo adhesiones de consumidores afectados para sumarse a ésta y otras vías iniciadas en el caso. Ya son más de un millar, y el objetivo es reunir a cuantos más mejor para llamar la atención de Justicia y Administración y defender los derechos de estos consumidores pequeños ahorradores.

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Subida exponencial de las novaciones en el último año: ¿apoyo al consumidor o trampa?

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La vivienda y el acceso a ella por parte de los consumidores siempre ha sido un problema cíclico en la sociedad española. Todas las generaciones han sido arrolladas por crisis de diversa índole y origen pero con un denominador común: de un modo u otro, con más o menos rodeos, afectan directamente a la vivienda y a su herramienta principal de adquisición, las hipotecas.

Esta crisis sanitaria no iba a ser menos. Pilló a los consumidores desprevenidos, en un momento de cierto crecimiento en el que muchos comenzaban a hacer planes de futuro. Pero el futuro se paró en seco. ERTES, ERE, despidos, caída en picado de la economía familiar… Todo ello llevó a los consumidores de nuevo a los bancos, a refinanciar las hipotecas, a cambiar sus condiciones… lo que fuera por no perder la vivienda que tanto les había costado adquirir.

De nuevo el consumidor sufre los envites de la banca

Nada es igual desde marzo de 2020, y en lo que a vivienda se refiere, probablemente un poco peor. El Instituto Nacional de Estadística ha publicado sus últimos datos sobre hipotecas, correspondientes a marzo de este año. Resultan demoledores: “El número total de hipotecas con cambios en sus condiciones inscritas en los registros de la propiedad es de 28.458, un 632,1% más que en marzo de 2020”. De ellos, cerca de 24.000 son novaciones, esto es, renegociaciones directas entre el consumidor y el banco con el que contrató su préstamo.

Los datos de ese mes de marzo se acumulan a los que ya registraron enero y febrero, de forma que ya nos dan pistas del vuelo que puede llegar a tomar esta preocupante tendencia en el mercado hipotecario: de enero a marzo han tenido lugar en España 73.586 novaciones hipotecarias, según el propio INE. El origen del fenómeno, no nos echemos las manos a la cabeza, no es nada inesperado. Las moratorias hipotecarias “legales”, instadas por los poderes públicos para sostener a los consumidores vulnerables y cuyo plazo de aplicación era de tres meses, han ido evolucionando y dando paso a todas esas novaciones.

Un informe monográfico del Banco de España en el que analiza la situación de las moratorias en nuestro país arroja algo más de luz. Según sus tesis, los hogares más vulnerables al inicio de la pandemia y aquellos que han sufrido más sus efectos en términos de empleo han sido los que más se han acogido a las moratorias legislativas en origen. Además, reconoce el BdE, tienden a estar más tiempo en moratoria legal o son más proclives a cambiar a otra moratoria (sectorial o bilateral) al terminar esta.

Hasta tal punto son más proclives, que se puede decir que las moratorias legales han pasado a mejor vida y las que hay sobre todo son, directamente, individuales. Los datos muestran sin más dobleces que las moratorias se están convirtiendo ya en refinanciaciones puras y duras. “A finales de diciembre el crédito suspendido bajo moratorias se situaba en torno a 34.000 millones de euros, siendo la mayor parte de este importe moratorias convencionales”, es decir, novaciones. Un 95%. “Sin embargo, las moratorias legales solo representaban unos 2.000 millones de euros”. El 5% restante.

¿En qué condiciones se dan estas refinanciaciones?

Quién antes pagaba 800 euros al mes de hipoteca, sí es verdad, ahora paga 500 o 600 euros pero… ¿a qué precio? ¿La banca tiene en cuenta la situación personal de cada deudor? Los datos hipotecarios del INE confirman que la refinanciación tipo implica, en efecto, una menor cuota, a cambio de cambiar el tipo de interés de variable a fijo (medio punto porcentual más elevado) y alargar el plazo de amortización, de tal manera que se acuerda un periodo de carencia que se añade al horizonte final del préstamo.

En algunos casos, además, se recurre a pedir más dinero prestado. Es lo que el presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios, Carlos Ballugera, define como “revolving blando” hipotecario; el banco vuelve a prestar al consumidor el capital que este ya tenía amortizado. A priori esto puede verse como una ayuda al consumidor, ya que trata la entidad bancaria de que el cliente mantenga la vivienda sin causar mayor perjuicio.

Pero claro, al otro lado de este acuerdo tenemos a las entidades bancarias y aquí siempre hay letra pequeña. La falta de transparencia y el abuso hacia estos consumidores que están en una clara situación de vulnerabilidad socioeconómica hace que tengamos poner bajo la lupa a las novaciones bancarias. Detrás de esto hay consumidores con nombres y apellidos que no han tenido más remedio que alargar su agonía y estar más años pagando un crédito hipotecario a cambio de una bajada en su cuota.

Desde ADICAE, exigimos a las entidades financieras que no se aprovechen de la situación de vulnerabilidad de muchos de los solicitantes de renegociación, pide condiciones asumibles para las refinanciaciones y apuesta por evitar el sobreendeudamiento del consumidor. La banca busca ganancia, y el consumidor siempre tiene las de perder. Por ello es muy importante informarnos de nuestros derechos y evitar que la moneda siempre caiga del mismo lado.

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Las entidades bancarias incrementan sus comisiones y endurecen las condiciones para evitarlas

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