Quedan pocos días para despedir 2020, un año difícil de olvidar por culpa de la pandemia provocada por el coronavirus. A la crisis sanitaria se ha sumado una crisis económica que de una forma u otra ha afectado y sigue afectando a los consumidores. Además, este año el Tribunal Supremo ha dictado varias sentencias en materia de gastos hipotecarios e IRPH que volverán a ser discutidas por el TJUE. ADICAE hace un repaso de las cuestiones más destacados para los consumidores en este 2020.

No cabe duda de que este año ha estado marcado por la crisis del coronavirus. La pandemia ha cambiado muchas cosas y en estos 12 meses ADICAE se ha ido adaptando a las dificultades y los obstáculos para poder seguir defendiendo los derechos de los consumidores. En este sentido, al inicio del confinamiento, pidió al Gobierno medidas para que los derechos de los consumidores no sufrieran retrocesos ni vulneraciones por el covid-19.

Asimismo, la Asociación luchó por facilitar el acceso de los consumidores a la moratoria hipotecaria impulsada por el Ejecutivo, reclamando que se extendiera su aplicación a todos los consumidores que no pudieran pagar sus cuotas hipotecarios, y pidió que se realizasen otras medidas contra el sobreendeudamiento por los créditos al consumo y las tarjetas revolving y buscar un remedio a los problemas del pago del alquiler durante esta situación.

IRPH de las hipotecas

Uno de los temas principales que han marcado este año ha sido el IRPH. La Asociación lo considera un índice abusivo y engañoso para los usuarios debido a su dificultad para comprender las fórmulas que lo configuran. Además, la comercialización de este producto por parte de las entidades bancarias tiene un carácter fraudulento. Por ello, debe considerarse nulo.

ADICAE empezaba el año con una campaña informativa para que los consumidores afectados ejercieran sus derechos y pudieran reclamar. Así, puso en marcha la iniciativa ‘¿Vas a perder el tren del IRPH?‘, una batería de actuaciones para aclarar la confusión generada por la sentencia del Tribunal Supremo de 2017 y ante la inminente sentencia del TJUE al respecto.

En este sentido, en marzo el TJUE volvió a corregir las prácticas hipotecarias de la banca española, dándole un nuevo varapalo al establecer unos criterios por los cuales ninguna hipoteca con IRPH superaba las condiciones para evitar la consideración de este índice como abusivo.

Tras esta decisión, el Tribunal Supremo “se hizo la trampa a sí mismo”, y volvió a contradecir al TJUE, confirmando definitivamente el 12 de noviembre que la falta de transparencia no comporta necesariamente abusividad en materia de IRPH, haciendo la trampa a los consumidores y al TJUE.

Para ADICAE, el Tribunal Supremo vuelve a contradecir al TJUE para darle la razón a la banca. Por ello, tildó de “decepcionante” esta sentencia y considera que requiere de nuevas cuestiones prejudiciales ante el TJUE que consigan que el consumidor no quede vinculado por una cláusula abusiva, perjudicial, falta de transparencia y nula de pleno derecho.

Gastos hipotecarios

Por otro lado, la Asociación continuó durante 2020 con la batalla judicial contra la práctica generalizada de la banca de imponer al consumidor todos los gastos de la formalización de hipotecas a través de una cláusula que se ha venido insertando en millones de préstamos. ADICAE calcula que hay más de 7 millones de hipotecas que tienen derecho a la restitución de entre 700 y 2.500 euros de media.

Mediante las 107 demandas colectivas interpuestas por ADICAE en el marco de su campaña ‘¿Vas a regalarle 1.000 euros a la banca?‘ consiguió que el TJUE se pronunciara en julio con una sentencia en la que aclaraba que deben devolverse a los consumidores todos los gastos de formalización de hipotecas impuestos en sus préstamos.

Contrariamente, el Tribunal Supremo dictó sentencias en las que seguía denegando la devolución de gran parte de los gastos. ADICAE considera necesario mantener esta batalla judicial para que el TJUE clarifique esta interpretación y se pronuncie sobre la práctica generalizada de la banca de imponer al consumidor el pago del arancel notarial y el IAJD en el momento de formalización de hipotecas.

En este sentido, ADICAE logró un varapalo a la banca con la sentencia colectiva frente a Caja Rural de Granada, en la que se determinó la abusividad de la cláusula de imposición al consumidor de todos los gastos de formalización de la hipoteca y estableció la restitución a los hipotecados del IAJD además de los gastos de registro y reclamación judicial y la mitad de los gastos notariales, de gestoría y tasación.

Además, en noviembre logró que el Juzgado de lo Mercantil nº3 de Pontevedra resolviera la demanda colectiva que la Asociación interpuso ante Banco Santander por la cláusula que imponía al consumidor el pago de todos los gastos de formalización de la hipoteca, ha sentenciado el carácter abusivo y nulo de dicha cláusula. Así, le condena a devolver el 100% de los gastos de registro, tasación y gestaría y el 50% de los gastos de notaría.

Esta devolución la debe hacer tanto a las personas adheridas a esta demanda como a aquellas que decidan adherirse posteriormente. Por ello, la Asociación anima a los consumidores a sumarse a esta demanda a través de la plataforma www.hipotecaconderechos.es para organizar la aplicación de esta sentencia. Con ella, los juzgados empiezan a estimar las demandas colectivas de ADICAE.

Impulso de la solución de la macrodemanda

La macrodemanda por las cláusulas suelo es uno de los temas más importantes para la Asociación; no sólo son miles los consumidores adheridos a la misma, sino que sus efectos clarificarían de manera definitiva el actual panorama de “atasco” en los juzgados y permitiría a cientos de miles de afectados que no han reclamado con éxito recuperar las cantidades indebidamente pagadas. Ante la demora en este procedimiento ADICAE reclamó al Supremo un impulso procesal para acelerarlo, lo que ha sido aceptado por el Alto Tribunal a finales de este 2020.

La Asociación lamenta que muchos de estos consumidores continúan abonando mensualmente una cláusula hipotecaria que desde 2013 hasta la actualidad ha sido declarada nula por falta de transparencia de acuerdo con la normativa de las condiciones generales de la contratación. Otras han desistido de su obligación de pago por imposibilidad sobrevenida.

Tarjetas revolving

Las denominadas tarjetas revolving también han ocupado un lugar importante este año. ADICAE considera este tipo de producto como claramente abusivo, no solo por los desproporcionados intereses y las “imposibles” formas de amortización de la deuda, sino también por la falta de transparencia en su comercialización.

Sin embargo, a pesar de la petición de ADICAE ante el Gobierno de una serie de medidas a incorporar en el Proyecto de Orden Ministerial sobre ‘créditos al consumo de duración indefinida‘, el Ministerio de Economía no quiso enfrentarse al poder de la banca, no quiso ir más allá en favor de los consumidores y estableció una normativa que no soluciona el problema de raíz.

Por su parte, ADICAE realizó una demanda colectiva solicitando la nulidad de las cláusulas de intereses de los contratos de las tarjetas revolving contratadas con Citibank, Bancopopular-e, Barclaycard y Wizink por falta de transparencia en su comercialización y el resarcimiento de los consumidores afectados. La Asociación hace un llamamiento a los consumidores afectados para luchar contra este fraude de manera colectiva.

Caso Bankia y fusión Caixabank… y las que vendrán

En septiembre estas entidades anunciaban una fusión por absorción de Bankia para crear una nueva entidad financiera. En un primer momento, ADICAE calificó como positiva esta fusión, pero considera sumamente negativo que el proyecto común presentado deje totalmente de lado las necesidades de los consumidores, defraudado sus derechos y obstaculizando la necesaria recuperación de la confianza.

En este sentido, la Asociación participó en las Juntas Generales de las entidades bancarias, incluso acudió de forma presencial en la de Caixabank. En ellas, repasó una serie de medidas y propuestas “razonables, necesarias y viables” en el proyecto de fusión y muy beneficiosas para pequeños ahorradores, consumidores, clientes y para la propia entidad futura.

Otro aspecto que ha marcado este año es la “paradójica” sentencia del caso Bankia en el que, después de 8 años, se absolvió a los principales culpables que omitieron información a los inversores para asegurarse el capital necesario en su salida a bolsa en perjuicio de los pequeños ahorradores que dieron por buena esa información recibida.

Caso Dentix y Banco Popular

Por otro lado, muchos consumidores se han visto afectados por el caso Dentix. Esta clínica dental dejó de prestar servicio y atención a los consumidores durante el confinamiento, y tras este, no solo no retomaron los tratamientos sino que cerraron prácticamente todos los establecimiento y entraron en concurso de acreedores. Cerca de 100.000 consumidores se han visto afectados.

Actualmente, ADICAE se encuentra agrupando a los consumidores afectados para defender sus derechos en el concurso de acreedores y ante las entidades financieras implicadas. De hecho, se personó en el concurso de acreedores para facilitar la intervención de los consumidores afectados en el mismo. Además, ha puesto a disposición de los consumidores sus servicios técnico-jurídicos a través de la plataforma: https://colectivos.adicae.net/i_general_p.php?id=84

Respecto al caso del Banco Popular, este año se ha visto desfilar a Luis de Guindos, Sebastián Albella, y la propia Ana Botín, entre otros. Los afectados se encuentran con las últimas oportunidades de personarse como acusación particular en el procedimiento penal ante la Audiencia Nacional. ADICAE está siguiendo de cerca esta caso para defender a los consumidores y pequeños ahorradores afectados en las reclamaciones.